Advierten peligros por la permanencia de viviendas bajo líneas de alta tensión en José Hernández

A los ojos del estado provincial, municipal y nacional, al menos 10 familias viven día a día al filo de la tragedia. La situación viene siendo advertida hace casi un año por Transba SA, la concesionaria de transporte de energía que opera la Estación Transformadora desde donde se abastece de electricidad a Mar del Plata y en cuyos predios aledaños se desarrolla una toma con 36 personas, entre ellas 16 menores, que habitan bajo las líneas de alta tensión.

Como reveló en su momento 0223, desde marzo de 2023 el Juzgado Federal N°4 tramita una causa donde la empresa pide el desalojo preventivo de las familiares que viven bajo las líneas de 132 kv, 600 veces superiores a la energía domiciliaria de 220 v. Por normativa vigente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), existen las denominadas “franjas de seguridad”, que abarca una zona de 15 metros a cada lado del eje de la línea donde están expresamente prohibidas las edificaciones. Además de la decena de viviendas precarias, en los últimos días también se constató la existencia de dos canchitas de fútbol donde juegan niños y vecinos del barrio de José Hernández, en una situación que acrecienta los riesgos de una catástrofe.

La realidad está bajo conocimiento del Ministerio de Capital Humano nacional, la Municipalidad de General Pueyrredon y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, donde los últimos dos aparecen como codemandados en la causa que tramita el Juzgado Federal N°4 a cargo de Alfredo López. Durante la gestión de Alberto Fernández, el primero se desligó de responsabilidad y, por intermedio del director de Acceso al Suelo Urbano, Agustín Algorta, solo advirtió que algunos de los terrenos involucrados se encuentran dentro del Registro de Barrios Populares (Renabap), por lo que está prohibido por ley su desalojo. El último tiene un rol aún más determinante, ya que el principal predio sobre el cual se asienta la toma es propiedad suya, donde hasta el momento en el trámite de la causa se trasluce su falta de colaboración. Producto de ello, el pasado 5 de diciembre el magistrado López la declaró en rebeldía.

A su tiempo, el gobierno de Guillermo Montenegro rechazó la demanda al sostener que la toma se realiza sobre predios que no son de su propiedad, en tanto aseguró que “no cuenta con recursos para abordar la problemática planteada”, en referencia a que la firma pide que previo al desalojo los tres niveles de Estado garanticen una solución habitacional a las familias en situación de vulnerabilidad. En la documentación adjunta a la causa, se evidencia que tanto Provincia como Ciudad conocían la problemática desde 2022, dado que Transba les venía advirtiendo de la toma, sin encontrar respuestas positivas.

El inicio del conflicto se remonta, al menos, a mayo de 2022, cuando vecinos de la zona oeste comenzaron a asentarse en un amplio predio que tiene su corazón en José Hernández, pero que se extiende aún más allá, en una zona rural pegada al barrio Autódromo. En total abarca un frente de 300 metros sobre calle Carlos Gardel y se extiende por unos 3 km, entre las calles Ortiz de Zárate y San Salvador, y sus proyecciones. El núcleo del conflicto está en el terreno lindante a la Estación Transformadora, asociada a la Interconexión en 500 kv Bahía Blanca - Vivoratá, y el cual pertenece al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Los cuatro restantes, los más alejados, son propiedad de tres particulares y una empresa. Quienes originalmente también fueron demandados, aunque en los últimos días cesaron las actuaciones contra uno de ellos, al comprobarse que en su terreno no había ocupantes.

Esta última novedad surgió de una constatación judicial que se realizó a fines de enero, luego de casi un año de una causa donde el juzgado se dedicó principalmente a tratar de notificar a Nación y Provincia, postergándose la resolución de la medida cautelar solicitada por Transba, en el marco de un proceso sumarísimo preventivo de daños para lograr el desalojo de las familias.

En dicha constatación, según surge del informe al que accedió este medio, se comprobó que “dentro de las franjas de seguridad de los inmuebles de los demandados se erigen en infracción a dicha franja, un total aproximado de 10 construcciones con destino a vivienda, más dos casas en construcción, más un vivero, un basural y dos canchas de fútbol”. Además, se relevó que dentro de las construcciones habitan aproximadamente 20 adultos (uno de ellos con discapacidad visual), 16 menores y diferentes animales (mascotas y animales de granja)”.

Por ello, aún no hay definiciones sobre el pedido de desalojo, dado que Transba pidió la intervención al Defensor de Menores e Incapaces a fin de tutelar los derechos de los menores que se vean afectados con la potencial medida. También solicitó que se cite a la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad de General Pueyrredon, a fin de que atienda la situación de los animales. Ello en un contexto donde volvió a remarcar el peligro silencioso al que enfrentan las diez familias que permanecen bajo las líneas de alta tensión.

“La mayoría de las personas involucradas habitan construcciones ubicadas paradójicamente en el inmueble del Instituto Provincial de la Vivienda, solicitó se intime a dicho organismo a presentar una solución habitacional para dichas personas”, enfatizó la empresa. Luego de ocho meses sin responder las notificaciones realizadas desde el juzgado, el Instituto de la Vivienda, a través del director de Asuntos Legales, Rodrigo Méndez, aportó en noviembre de 2023 una contestación acotada donde el organismo no contestó la demanda y solo se limitó a contar que el terreno había sido adquirido para desarrollar un plan viviendas que no prosperó, por lo que no se avanzó con la subdivisión de los terrenos. Desde allí hubo un total desentendimiento con la situación, por lo que el juez López la declaró en rebeldía en diciembre pasado, ya que “no ha comparecido a estar a derecho, habida cuenta del silencio guardado frente al traslada de demanda”.

Mientras se realizan las nuevas notificaciones a todos los demandados y codemandados con los resultados la constatación de enero, se aguarda una decisión del juez Alfredo López ante la falta de aportes a una solución integral desde Ciudad, Provincia y Nación.