Controversia local por el proyecto de ley que busca limitar el derecho a huelga para garantizar las clases

La Comisión de Educación del Concejo Deliberante aprobó este martes una resolución donde expresa su apoyo al proyecto de ley del Pro que busca limitar el derecho a huelga de docentes, con la finalidad de garantizar el dictado de los 180 días mínimos de clases anuales, en el marco de la declaración de la educación como “servicio esencial”.

La iniciativa fue respaldada por el interbloque de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, mientras que Unión por la Patria votó en contra, poniendo en duda que la medida efectivamente sirva para mejorar la calidad educativa. La concejala Mariana Cuesta advirtió que además de la falta de clases por protestas sindicales, el proyecto del Pro no contempla otros dos factores que afectan la falta de clases, como las deficiencias de infraestructura en las escuelas y el ausentismo docente. “En 2023 no hubo paros de Suteba y no se garantizaron los 180 días de clases”, ejemplificó.

El proyecto de ley es impulsado por los diputados Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo, y allí se retoma la reforma que contenía la Ley Ómnibus de Javier Milei para limitar el derecho a huelga de docentes (entre otras actividades), estableciendo un mínimo de clases que se debían dictar en caso de una medida de fuerza gremial, de manera similar a como ocurre en el ámbito de la educación.

“Es fundamental garantizar derecho a la educación”, remarcó el concejal Guillermo Volponi (Pro), quien pidió que el apoyo del Concejo Deliberante se entienda como una “manifestación unívoca y unánime sobre la importancia que le da este Concejo Deliberante a garantizar la educación de los jóvenes”.

Además de plantear una objeción de “técnica legislativa” -los concejales tienen el acuerdo de no sancionar resoluciones sobre proyectos de ley en tratamiento-, Cuesta reparó en que “tengo más dudas que certezas sobre que esta herramienta nos permita garantizar las clases”, debido a que no se contemplan acciones en torno a los otros factores que atentan contra el dictado de clases, generalmente por responsabilidad del propio Estado al no garantizar condiciones mínimas de funcionamiento de los establecimientos.

De profesión Licenciada en Ciencias de la Educación y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), Cuesta reconoció que diversos estudios científicos dan cuenta que la interrupción de clases afecta a los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero pidió un debate “serio” sobre la problemática, lejos de slogans o de la búsqueda de títulos periodísticos. “No me gustaría que este proyecto se utilice como un relato para decir que estamos en contra de la esencialidad de la educación. No estaríamos votando a favor o en contra de la esencialidad, sino a favor de un proyecto de ley del Pro”, justificó la postura en contra.

Además, advirtió que el deber que tendrían los docentes de garantizar especies de guardia mínimas, tampoco resolvería la problemática de la falta de clases por paros. “Una cosa es ir a la escuela y otra que haya clases”, sostuvo, ya que un número reducido de docentes tendría a su cargo el funcionamiento de los establecimientos en casos de medidas de fuerza, sin poder dictar las clases con normalidad.

Finalmente, La Libertad Avanza respaldó el proyecto de resolución impulsado por Agustín Neme (Pro). La titular del bloque, Cecilia Martínez, reconoció la importancia de la advertencia de Cuesta sobre los otros factores que afectan al dictado de clases más allá de los paros, pero remarcó: “La declaración de esencialidad no resuelve todos los problemas, pero si empieza a resolver uno”.