Quedó firme la prisión preventiva del ex jefe departamental y otros tres imputados

Uno solo de los cinco sujetos a los que se les dictó la prisión preventiva en la causa que investiga el accionar de una asociación ilícita mixta acusada de controlar la compra venta ilegal de dólares en la avenida Luro, de desviar investigaciones judiciales y brindar protección a delincuentes apeló la resolución que la Justicia de Garantías dio a conocer la semana pasada.

Fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que la resolución del Juez de Garantías Daniel De Marco fue apelada antes del vencimiento del plazo por los abogados Fernando Guerrico y Carlos Mira que defienden al ex policía Christian Holtkamp. "Apelaron lo que tiene que ver con la modalidad de detención, en este caso por el arresto domiciliario", explicaron.

El dictado de prisión preventiva quedó firme para el exjefe de la Departamental José Luis Segovia, el policía Gastón Moraña, el ex policía Javier González y el comerciante cambista Jorge Toletti. En esa misma resoluición se había dictado la falta de mérito y excarcelación para el policía de la Federal, Nicolás Rivademar, y el abogado Lautaro Resua.

La conversión de la detención en prisión preventiva se dio debido al posible peligro de fuga y a la magnitud de los hechos, ya que los implicados presentan la posibilidad de continuar desarrollando una connivencia con otros integrantes de las fuerzas policiales que aún se encuentren en su cargo.

A su vez, la justicia asegura que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación "que implica la posibilidad de destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba aún pendientes de producción", cuestión que ya sucedió con los imputados que "resetearon" sus teléfonos celulares luego de mantener una reunión o vaciaron sus cajas de seguridad.

Con relación a los pedidos de morigeraciones de la preventiva solicitadas por las otras defensas, no hay término para su resolución ya que hay pericias socio ambientales pedidas que están en trámite, otras cuestiones médicas o certificaciones de domicilio que se aguardan. La Justicia puede ir resolviéndola al tener todas las constancias ofrecidas por las partes y esa futura medida es apelable.

La investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal sigue adelante y aún restan algunas pericias informáticas a los equipos secuestrados hace más de un mes por parte de la policía en los allanamientos simultáneos que terminaron con las detenciones.