Una policía paralela, negocios y dinero en efectivo: detalles del pedido de preventiva a José Luis Segovia

Las 232 hojas que integran el pedido de prisión preventiva para el exjefe de la Departamental de Policía José Luis Segovia y el resto de los acusados de integrar una asociación ilícita mixta confirma los dos ejes de la hipótesis inicial: la participación activa en la compraventa ilegal de moneda extranjera e intermediación financiera no autorizada y la protección a autores de robos calificados, filtración de los datos de investigaciones en curso y desvíos en las mismas.

De acuerdo al pedido del fiscal general adjunto Marcos Pagella, la banda les exigió a delincuentes parte del botín de sus robos, usaban información de las pesquisas para su beneficio y plantaron un “chivo expiatorio” en la causa por el robo millonario a un matrimonio de ancianos en un edificio de Cabo Corrientes.

A su entender, también está acreditado que el comisario mayor ejerció presión sobre los subalternos e integrantes de los Gabinetes de Tecnologías Avanzadas y Robos Calificados a Comercios cuando hallaron información sensible, los culpó por la supuesta filtración de información y dispuso el traslado de los miembros.

Causas con réditos económicos

En la presentación que se hizo este jueves en el Juzgado de Garantías N°1 se definió como “impregnada de manejos autoritarios y con un férreo sesgo piramidal” la conducción de Segovia. “Con una apariencia de eficiente jefe policial, por un lado, y un manejo ilegal de los procedimientos policíacos, fue que diagramó, armó y ejecutó como jefe una policía dual”, sostuvieron.

“Con funcionarios policiales honestos y eficientes por un lado, y con otros que cumplieran sus órdenes y formaran parte de los eslabones ilícitos, por el otro. Para este último grupo se valió de policías en actividad y de otros que ya estaban fuera de la fuerza policial”, indicaron.

Un dato de relevancia para corroborar la hipótesis fiscalista fue que cuando Segovia asumió la titularidad de la Departamental en la que permaneció hasta su detención, creó un grupo para llevar adelante "investigaciones" en el ámbito de la Jefatura con personas de su confianza, algunos le servían para demostrar la eficiencia policial, y otros le eran útiles para sus negocios espúreos, como el coimputado Moraña”, señalaron.

“Ese grupo, denominado Grupo de Respuesta Inmediata (GRI) le era funcional para tener el control de lo que sucedía en las comisarías bajo la pantalla de colaborar con causas graves que estuvieran en las distintas comisarías, y a requerimiento de los fiscales. Esto no es ni más ni menos que la policía paralela que Segovia armó para demostrar suficiencia, y mantener el control", agregaron.

En el pedido hablan de algunas mentiras que Segovia dijo en su declaración como no conoce a “notables delincuentes locales como era el caso de Di Norcia y Juárez”, los robos millonarios en pesos y dólares a cargo de algunas bandas y la relación más cercana con los acusados de ser recaudadores como el oficial Gastón Moraña y los expolicías Javier González y Christian Holtkamp.

Los investigadores también se refirieron al material hallado en el celular de González que aportó una serie de comunicaciones que mantuvo con el resto de los integrantes de la asociación ilícita mixta. “Olvidó borrar constancias de su celular, tal como hicieron casi todos los demás encausados para la misma fecha”, explicaron.

Pericia contable

Para los investigadores hay claros e importantes indicios de que Segovia tenía acceso a importantes sumas de dinero en efectivo de las que no pudo justificar su origen. Entre él y su esposa cobraban cerca de tres millones y medio de pesos mensuales, además del ingreso por dos propiedades en alquiler.

A la espera de la pericia contable que aún no se llevó adelante, la fiscalía sostiene que hay ciertas inconsistencias patrimoniales y dinero no justificado. Insisten, además, en el vaciamiento que se hizo de la caja de seguridad de la empresa “Fortress” luego de que asistiera un hijo ya cuando su padre estaba detenido.

El pago de todos los alquileres de la casa ubicada en Larreea al 2700 se hizo siempre en dinero en efectivo que, la gran mayoría de las veces era alcanzado por un efectivo policial. “Siempre pagaron dentro de la primera semana del mes, no se atrasaron nunca”, fue la declaración de la dueña de casa.

Un dato que llamó la atención es que Segovia y su esposa solamente retiraron en efectivo de sus cuentas por una suma de cuatrocientos cinco mil pesos en un lapso de un año y medio. “Entiendo que de lo expuesto surge un claro indicio de sospechabilidad que, una vez más, abona la tesis del Ministerio Público Fiscal y confirma la importante cantidad de dinero-también en efectivo que de forma espúrea e  ilegítima se hacía mensualmente el Jefe departamental”, agregaron.

El resto de los imputados

Al expolicía Javier González y al oficial Gastón Moraña los acusan como integrantes de la misma asociación y les dan el rol de recaudadores que dependían directamente de Segovia. Por su parte al policía federal Nicolás Rivademar –el único que está con arresto domiciliario- también lo consideran integrante de la asociación ilícita y que brindaría cierta protección en caso de intervención de la Justicia Federal.

Los investigadores también pidieron la prisión preventiva para los dos imputados que ya estaban detenidos en el marco de la causa por el secuestro y extorsión del autor de un millonario en un edificio de Cabo Corrientes. El expolicía Christian Holtkamp y el comerciante cambista Jorge Toletti eran socios en el café ubicado sobre la avenida Luro desde el que monitoreaban la tarea de los “arbolitos”.

El último en ser detenido y en declarar –lo hizo el lunes por espacio de cuatro horas- fue el abogado Lautaro Resúa que actuaría como nexo entre algunas de las partes, tenía contacto con los recaudadores y tuvo una activa participación en las maniobras para desviar las investigaciones en distintas causas penales.

Un viernes de audiencias

Antes de resolver el pedido de prisión preventiva, el titular del Juzgado de Garantías convocó a las partes que se presenten –en audiencias de quince minutos cada una- para resolver los pedidos de morigeración que han realizado.

El Juez De Marco decidió unificar todas las audiencias en una misma jornada para resolver –antes del martes de la semana próxima- el dictado de la prisión preventiva y su hipotético modo de cumplimiento.

En cuanto al pedido de recusación que hizo el abogado Martín Bernat, el magistrado convocó a audiencia para el jueves 13 de mayo, una vez que haya resuelto el pedido de prisión preventiva.

Las fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que el magistrado también podría resolver el envió de la causa –o la parte relacionada a la compra venta de dólares- a la Justicia Federal.