Denuncian penalmente a los 15 concejales que aprobaron la instalación de un bar en El Faro

Los 15 concejales de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza que el pasado 8 de agosto aprobaron la ordenanza que habilitó la instalación de un bar en el predio de El Faro donde funcionó un centro clandestino de detención fueron denunciados penalmente por presuntamente haber cometido los delitos de abuso de autoridad, administración fraudulenta y defraudación a la administración pública. La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Delitos Económicos por referentes de organismos de derechos humanos de Mar del Plata y también alcanzó a los responsables de la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte y la empresa Gin Restinga.

La demanda fue presentada en las últimas horas ante la Justicia marplatense y fue dada a conocer a través de una conferencia de prensa en la que participaron los organismos y otros dos denunciantes, la organización Surf Rider y la Fundación Patagonia, con la asistencia letrada del doctor César Sivo.

Por los presuntos delitos fueron señalados los concejales Agustín Neme, Guillermo Volponi, Cristian Beneito, Julián Bussetti, Florencia Ranellucci y Mercedes Morro (Vamos Juntos, el bloque que responde al Pro); Marina Sánchez Herrero, Marianela Romero, Daniel Núñez, Gustavo Pujato y Ricardo Liceaga Viñas (UCR); Angélica González y Guido García (Coalición Cívica); y Cecilia Martínez y Emiliano Recalt (La Libertad Avanza).

A todos ellos se les endilga los presuntos delitos de abuso de autoridad, administración fraudulenta y defraudación a la administración por la sanción de la Ordenanza 26.400 que autorizó el permiso de uso y ocupación con carácter precario a la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte, en una parte de la parcela de una hectárea de dominio fiscal municipal ubicada en Avenida de los Trabajadores 5700, en la rotonda de El Faro, donde a su vez se habilita que la entidad ceda el uso del predio a la firma Burbarrel SA -más conocida como Gin Restinga- para la instalación de un negocio gastronómico.

En tanto, a la presidenta de la entidad vecinal, Andrea Trueba, y a la prosecretaria Rebeca Mosqueda, se las señala por presunta administración fraudulenta y defraudación a la administración. Ëste último delito también se le endilga a Burbarrel SA y a sus autoridades, además de cohecho. Si bien el proyecto fue elevado al Concejo Deliberante formalmente por el gobierno, ningún funcionario del Ejecutivo aparece señalado en la demanda.

A su vez, los denunciantes pidieron una medida cautelar con una prohibición de innovar, para que no se puedan llevar adelante las actividades que den apertura al bar hasta en tanto haya un fallo de fondo.

En la presentación judicial se asegura la existencia de “negociados”, de “funcionarios inescrupulosos  y de una “maniobra defraudatoria” tendiente a favorecer a Gin Restinga a través de una triangulación que va en contramano de la legislación vigente. Allí se afirma que entre concejales, la asociación vecinal y la empresa llevaron adelante “maniobras contrarias al ordenamiento jurídico vigente” para que se otorgue la concesión del predio, con la sanción de una ordenanza que contradice las normas provinciales, nacionales, municipales y hasta internacionales en lo que respecta a los derechos humanos, dado que allí funcionó un centro clandestino de detención. Con respecto a esto último, desde el oficialismo señalan que las leyes vigentes no contemplan que el sector bajo jurisdicción sea parte del ex centro de detención de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (Esim).

A su vez, los denunciantes expusieron que no se detecta un proyecto favorable a la sociedad, sino meramente un emprendimiento comercial con la apertura de un bar de gin, el cual además se realizará a través de un “canon vil e irrisorio” (250 mil pesos mensuales), por lo que hay una “defraudación a la administración pública municipal”.

En esa línea, aseguraron la existencia de las diversas figuras delictivas dado que los concejales habrían actuado con dolo, dado que lo hicieron con “cabal conocimiento” que estaban infringiendo la legislación. En ese sentido se hace especial mención a las intervenciones del concejal Horacio Taccone (Acción Marplatense) durante el debate legislativo, advirtiendo estas circunstancias.

En particular se apunta a la falta de dictamen previo de la Secretaría Legal, Técnica y Hacienda y a la ausencia de Estudio de Impacto Ambiental actualizado, como lo pidió la Unidad de Gestión de la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur, donde en el expediente hay un estudio pero data de años atrás y no sobre el proyecto actual. También se explicitó en la demanda que era de conocimiento público que una entidad vecinal no está capacitada legalmente para intervenir en este tipo de convenios.

Por esto, se plantearon delitos estipulados en la Ley 27.401 de Responsabilidad de las Personas Jurídicas, donde el Art.1 plantea el “cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública; concusión; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; balances e informes falsos agravados”.

En el caso de los concejales oficialistas y libertarios, se los acusa no respetar lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Decreto municipal 15/1967 y el estatuto de la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte.

Los delitos de Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos tipificados en el Código Penal prevén penas de prisión de un mes a dos años -excarcelables- e inhabilitación especial por el doble de tiempo para “el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Mientras el proyecto de ordenanza estaba en tratamiento, los mismos denunciantes habían hecho una presentación ante el fuero Contencioso Administrativo para frenar el avance del expediente. Tras la sanción de la ordenanza, el juez Simón Isacch declaró "abstracta" la cuestión debido, precisamente, a que la normativa ya había sido formalizada.