El Faro: Fiscalía habilita investigación y rechaza cautelar pedida por los organismos

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Delitos Económicos habilitó la investigación tras la denuncia de organismos de derechos humanos por la instalación de un bar y destilería de gin en la rotonda de El Faro, a la par que dictaminó rechazar la medida cautelar de no innovar solicitada para frenar el proyecto, en el marco de la causa donde denunciaron penalmente a 15 concejales por la aprobación de una ordenanza.

La postura del Ministerio Público se conoció en las últimas horas, en una resolución donde se recomendó una serie de diligencias que comienzan a poner en marcha un expediente con fuertes repercusiones en el ámbito político.

Es que la demanda señala a concejales de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza por presuntamente haber cometidos los delitos de abuso de autoridad, administración fraudulenta y defraudación a la administración pública, al aprobar la Ordenanza 26.400 que habilitó la instalación de un bar y destilería de gin en el predio donde aseguran funcionó el centro clandestino de detención de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (Esim), en favor de la firma Burbarrel y a través de una triangulación con la Sociedad de Fomento Faro Norte. De hecho, los responsables de la entidad y la empresa también fueron demandados.

Como postura relevante, la Fiscalía recomendó rechazar la medida cautelar de no innovar pedida por los demandantes, ya que “se considera que la misma por el momento resulta prematura”, no encontrándose cumplidos los requisitos para su otorgamiento, centralmente la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y contracautela.

En tanto, propuso al Juzgado de Garantías que se libren oficios a la Municipalidad para la remisión de los expedientes administrativos con los cuales se tramitó el proyecto y para que de cuenta si el predio en cuestión, ubicado en Avenida de los Trabajadores 5700, está declarado como Patrimonio Histórico Cultural o si registra alguna condición y/o limitación para su uso y explotación relacionada con el interés público.

Asimismo, pide librar oficio al Concejo Deliberante para adjuntar el acta de la Sesión Ordinaria del 8 de agosto en la que fue aprobada la Ordenanza 26.400, individualizando el voto de cada uno de los concejales. Finalmente, también recomienda pedir al Juzgado Contencioso Administrativo las actuaciones de la causa que llevó adelante ante la denuncia inicial de los organismos de derechos humanos.

El miércoles, horas después de conocerse la demanda, el intendente Guillermo Montenegro salió al cruce de los organismos de derechos humanos y dio a entender que se ttata de una maniobra política del kirchnerismo. “Basta de usar a los derechos humanos para sus propios intereses. El kirchnerismo perdió hace rato. Acéptenlo!", manifestó en sus redes.