Montenegro aceptó la renuncia de un juez de Faltas y tiene el camino allanado para nombrar tres nuevos magistrados

El intendente Guillermo Montenegro le aceptó la renuncia al ahora exjuez de Faltas José Luis Oteiza, generando de esta forma una tercera vacante entre los cinco Juzgados de Faltas con que cuenta General Pueyrredon, las que serán cubiertas en las próximas horas por el Concejo Deliberante.

A través del Decreto 2300/25 y con la firma del propio jefe comunal y el secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli, el Ejecutivo formalizó la renuncia de Oteiza, a partir del 17 de octubre y para acogerse al beneficio jubilatorio.

Oteiza estaba a cargo del Juzgado de Faltas N°1, vacante que se suma las que desde 2018 se registran en los juzgados N°2 y N°5, cuando se efectivaron las jubilaciones de las magistradas Ana María Castelao y Carmen Maffioni, respectivamente.

Tras años de vacilaciones, la semana pasada el intendente Montenegro elevó al Concejo Deliberante las tres ternas para nombrar jueces, en un trámite que resolverá de forma ultra exprés y cuyos cargos son vitalicios.

El lunes, la Comisión de Labor Deliberativo dictaminó en los tres casos, optando por los tres candidatos que son impulsados por el acuerdo interno logrado entre el Pro y la UCR. Las designaciones se formalizarán este jueves, en el marco de la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante.

En el Juzgado de Faltas N°1 será designado Franklin Llan de Rosos, quien fue el primer subsecretario de Legal y Técnica de Montenegro, entre 2019 y 2020. Al 2 irá la abogada independiente María Paula Hernández, en tanto que al 3 se confirmará al presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Leandro Augusto Gabás, hombre ligado al senador nacional radical Maximiliano Abad. Estos tres jueces se sumarán a Pedro López Martucci, a cargo del N°3, y Fernando Mumare, del N°4.

La designación de Jueces de Faltas se guía por lo dispuesto en el Decreto Ley 8751/77, donde se establece como requisito para ser Juez de Faltas el ser argentino, tener al menos 25 años de edad y poseer título de abogado, con al menos tres años de inscripción en la matrícula. Los magistrados son designados por el intendente municipal, aunque con previo acuerdo del Concejo Deliberante, el cual es prestado por simple mayoría de los votos de los miembros.

Precisamente, la premura del gobierno municipal está en que el 10 de diciembre se renovará la mitad del legislativo local y la alianza Pro-UCR perderá la mayoría que detenta con el apoyo de la Coalición Cívica.