Abogados de la familia del recuperador asesinado sostienen que es un caso de “gatillo fácil”
Marcos Bouzas y Joaquín Raña fueron aceptados como particulares damnificados por la Justicia de Garantías. Plantean que los videos del predio de residuos descartan la figura de legítima defensa.
Por Redacción 0223
PARA 0223
A dos semanas del asesinato de Emanuel Márquez en el predio de disposición, la Justicia de Garantías aceptó como representantes del particular damnificado a los abogados Marcos Bouzas y Joaquín Raña. Ambos profesionales ya tuvieron acceso al expediente y la próxima semana solicitarán algunas medidas de prueba.
Los abogados indicaron que la familia del recuperador de 23 años quiere tener mayor presencia en el expediente. “Se dijeron muchas cosas, incluso el intendente habló de la causa y ellos desean que se pueda escuchar su voz”, señalaron.
“Parte de la preocupación de la familia es que hay un nuevo imputado por el homicidio agravado y aunque la pena en expectativa es de prisión perpetua, quedó en libertad. ”, le dijo Bouzas a 0223.
El abogado adelantó que la semana que viene solicitarán nuevas medidas de prueba para descartar que fue una legítima defensa por parte de la policía y dijo que eso no puede acreditarse. “Los videos de las cámaras de seguridad desmienten la versión de la policía, así que apuntamos más que a nada a demostrar que no fue ni legítima ni un homicidio accidental”, agregó.
“Lisa y llanamente apuntamos a acreditar que esto es un caso de gatillo fácil: a Emanuel le volaron la mitad de la cabeza de un escopetazo, dispararon con nueve milímetros y no hubieron más muertos de milagro. Los recuperadores venían denunciando que la violencia policial estaba en aumento”, sostuvo.
La causa
Horas después del homicidio de Emanuel Márquez y tras las tareas que hizo personal del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Investigación (CATI), el fiscal Alejandro Pelegrinelli pidió la detención del sargento Jonatan Darío Franco al entender que era el autor del disparo mortal.
El efectivo declaró al día siguiente y luego de cotejar las imágenes de video con el resultado preliminar de autopsia que confirmó que el recuperado sufrió un disparo hecho con un arma larga, le pidió a la Justicia de Garantías que le diera la libertad.
La certeza que el arma con la que se efectuó el disparo mortal era la que portaba, el efectivo Cristian Matías Andrade, los investigadores solicitaron su detención. Acompañado por la defensora oficial Gabriela Mónaco, escuchó los cargos en su contra por homicidio agravado, prestó declaración relatando lo sucedido y finalmente el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 resolvió que quede en libertad.
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