Fotomultas truchas: allanaron una empresa que tiene más de 150 cámaras en municipios bonaerenses

En un nuevo avance en la investigación por fraude en perjuicio de la administración pública, la Justicia bonaerense ordenó allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires en el marco de la causa fotomultas, que tiene al ex ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, en el ojo de la tormenta.

La Justicia provincial allanó este martes la sede de una empresa de fotomultas que tiene 155 cámaras en distintos municipios de manera irregular y factura millones por esas infracciones. El operativo se realizó en la sede de CECAITRA, una asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector. A pedido del fiscal Alvaro Garganta, la Policía también realizó un operativo en el domicilio del presidente de esa cámaras, Bernardino García.

Las diligencias se llevaron a cabo en la sede de la cuestionada Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Transito de la República Argentina (CECAITRA), que supuestamente se dedicada a la gestión de fotomultas, y en el domicilio particular de su presidente, Bernardino García.

Al momento de pedir los allanamientos, el fiscal sostuvo que CECAITRA “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito constatadas por ciento cincuenta y cinco (155) cinemómetros de su propiedad”.

El Ministerio de Transporte bonaerense, ahora a cargo de Martín Marinucci, el sucesor de Jorge D’Onofrio, determinó que en la provincia de Buenos Aires hay 1404 cinemómetros, de los cuales 155 fueron provistos por CECAITRA y registran “SIN ACTO ADMINISTRATIVO por lo que se entiende que carecen del certificado de conformidad respectivo”. CECAITRA tiene cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana, entre otros municipios.

Funcionarios y jueces involucrados

La causa involucra además a exfuncionarios del Ministerio de Transporte bonaerense, como D’Onofrio y la concejal de Pilar, Claudia Pombo, entre otros implicados en una red de corrupción. La Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 11 de La Plata, con el apoyo de las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte de la Provincia, recopiló pruebas que exponen cómo D’Onofrio y su entorno permitieron el funcionamiento ilegal de los sistemas de fotomultas operados por CECAITRA.

La investigación contra el ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires reveló que estos dispositivos fueron instalados sin cumplir con los requisitos legales exigidos por el Ejecutivo bonaerense, lo que generó la emisión de infracciones de tránsito sin validez jurídica.

El mecanismo ilegal consistía en el cobro de multas a través de un circuito en el que participaban gestores, jueces de faltas provinciales y autoridades del Ministerio de Transporte. A cambio, los implicados recibían sobornos que oscilaban entre el 25% y el 50% del valor de las multas emitidas.

Según la investigación que se lleva adelante en La Plata, los fondos recaudados con las falsas fotomultas eran distribuidos entre funcionarios del Ministerio de Transporte y directivos de CECAITRA, consolidando así un esquema de corrupción institucionalizada que concluyó con la renuncia del ex massista.

Entre los funcionarios judiciales involucrados figuran Mario Quattrochi, ex titular de los Juzgados Provinciales de La Plata y San Isidro, Alicia Parente, jueza del Juzgado Provincial de Chivilcoy, Marcelo Peralta, juez del Juzgado Provincial de Mar del Plata, y Miriam Roldán, jueza del Juzgado Provincial de Merlo.

De acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía de La Plata, los magistrados habrían garantizado la validez de las fotomultas ilegales y facilitado la recaudación de los fondos generados por la trama fraudulenta.

CECAITRA, que se presentaba como una asociación civil sin fines de lucro, afirmaba agrupar a pequeñas y medianas empresas dedicadas a la seguridad vial. Su función era gestionar infracciones de tránsito, semaforización, señalización y otros servicios vinculados al control vehicular.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) ya había allanado la sede de la entidad en 2020 por irregularidades en su funcionamiento e incumplimiento de los deberes por los cuales se encontraba registrada. El reciente procedimiento judicial permitió secuestrar computadoras, teléfonos móviles y otros elementos de valor probatorio en la casa de Bernardino García, presidente de CECAITRA.

A partir de las pruebas obtenidas, la carátula de la causa fotomultas podría agravarse a asociación ilícita, lo que implicaría penas de hasta 20 años de prisión en caso de que se compruebe la implicación de funcionarios públicos.