Allanan empresas implicadas en estafas con fotomultas que involucran a Mar del Plata
Se trata de Tránsito Seguro SA y Secutrans SA, que fueron intervenidas por orden judicial. El convenio entre el Municipio y la Universidad de San Martín, en la mira.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Justicia Federal ordenó el allanamiento por irregularidades de varias empresas involucradas en convenios de fotomultas con diversos municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos, General Pueyrredon.
Se trata de las compañías del empresario Leandro Camani, entre las que se encuentran Tránsito Seguro S.A. y Secutrans S.A, esta última con un enlace directo con Mar del Plata.
Por orden del juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, las firmas fueron intervenidas en el marco de una investigación que también tiene en la mira a intendentes y funcionarios bonaerenses que triangularon con fundaciones universitarias fondos de infracciones de tránsito.
De hecho, el 27 de diciembre de 2024 el Municipio fue allanado por pedido del magistrado en el marco de una serie de intervenciones con aquellas jurisdicciones que firmaron convenios con la Universidad Nacional de San Martín. La Matanza, Roque Pérez, Junín, Olavarría, Morón, Zárate, General Rodríguez, 9 de Julio, San Isidro y General San Martín también recibieron visitas oficiales.
De acuerdo a fuentes judiciales, se busca probar un desvío del dinero recaudado por multas, logrado a través de la falta de controles. Los allanamientos apuntan a recolectar convenios, archivos digitales y documentación que permitan reconstruir el recorrido de esos fondos.
El sistema de fotomultas investigado comenzó a funcionar en la ciudad en noviembre de 2022 gracias a la instalación de cámaras y cinemómetros en distintos puntos, hecho por el cual la oposición reclamó al Ejecutivo en el Concejo Deliberante. Puntualmente, se le cuestionó la necesidad de conveniar con una universidad foránea, teniendo a la Unmdp y las entidades privadas a disposición.
Si bien las denuncias políticas fueron desestimadas, el testimonio de un funcionario provincial que planteó posibles irregularidades en el marco de la ejecución de estos convenios con los municipios permitió abrir la investigación que hoy está en curso.
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