Desalojo en José Hernández: la Justicia le ordenó a Nación, Provincia y Ciudad dar una solución habitacional a familias afectadas

El juez federal Alfredo López ordenó a las tres esferas gubernamentales encontrar una solución habitacional a las familias que serán desalojadas de la toma que se extiende por debajo de las líneas de alta tensión que ingresan a la Estación Transformadora de Mar del Plata.

La decisión se conoció luego que el propio magistrado a cargo del Juzgado Federal N°4 ordenara el desalojo por la fuerza de las familias que habitan en los terrenos del barrio de José Hernández, tras haberse constatado el peligro de vida para las personas allí instaladas, como también el riesgo para la infraestructura eléctrica.

En un oficio dirigido al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Capital Humano de Nación y a la Municipalidad de General Pueyrredon, el juez pidió “atender la situación de vulnerabilidad de las familias afectadas por la medida, asegurándoles, una vez desalojadas, el derecho constitucional y convencional a una vivienda digna”.

En tanto, el oficio es más amplio en el caso del Municipio, donde también le solicitó la clausura de dos emprendimientos comerciales que se llevan adelante en el sector, una canchita de fútbol 5 de alquiler y un basural de chatarra.

Asimismo, el magistrado lanzó un oficio a Gendarmería Nacional y a la Policía Federal Argentina a fin de obtener la información que precisen para diseñar el operativo para llevar adelante el desalojo, realizando de ser necesario tareas previas en el lugar.

Las distintas medidas se tomaron luego de las presentaciones realizadas por la demandante, la concesaria de la Estación Transformadora, Transba SA, y por la defensora pública de Menores, Paula Muniagurría.

En este último caso, la defensora solicitó que “se determine la forma mediante la cual se garantizará el derecho a la vivienda” de los menores a los que representa. En tanto, apuntó contra Nación, Provincia y Municipio, dado que al momento “no se ha obtenido respuesta de los organismos especializados". Esto se debe a que desde que se inició la causa en 2023, el juez López ordenó distintas medidas a las tres esferas estatales para atender la situación habitacional, sin encontrar respuestas.  

“La solución que se arbitre para la situación de riesgo que se ventila habrá de evitar que los y las menores cuyos derechos se ven afectados se expongan al desamparo”, sostuvo Muniagurría, en un caso que expone aún más al Instituto de la Vivienda, dado que el principal terreno donde está la toma es de su propiedad.

En marzo pasado, el juez López había ordenado el desalojo de las familias que habitan en la zona en conflicto, para lo cual primero se libró una notificación para que las personas afectadas acaten la orden y se retiren por sus propios medios. Al no encontrar respuesta, a fines de mayo el magistrado ordenó el desalojo por la fuerza, una medida que podría alcanzar a unas 200 familias que habitan en las 60 hectáreas afectadas y cuyo cumplimiento es inminente, si bien aún no hay fecha confirmada.