Toma en José Hernández: informe de la Federal reveló que ya habitan más de mil personas, entre ellos policías

La Justicia federal de Mar del Plata avanza con las tramitaciones para llevar adelante el desalojo de la toma en las inmediaciones de la Estación Transformadora de José Hernández, y en los últimos días recibió un informe relevador de la Policía Federal Argentina. Allí se certificó el crecimiento de la ocupación, que ya incluiría más de mil personas, entre ellas policías.

La sorprendente novedad fue plasmada en un informe solicitado por el juez federal Alfredo López, rubricado con la firma del comisario Damián Stagliano, jefe de la Dirección de Unidades Operativas Federales de Mar del Plata de la Policía Federal Argentina. Allí se volcaron diversas precisiones tras un análisis de campo, incluyéndose un relevamiento panorámico aéreo a través de un drone, con el fin de tomar imágenes que permitan conocer la magnitud del predio, la distribución geográfica de las viviendas y así identificar un aproximado de familias que se encuentran viviendo en la zona.

El informe se basa en los cuatro predios donde desde 2022 se comenzaron a asentar diversas familias en torno a las líneas de alta tensión que ingresan a la Estación Transformadora, en una demanda impulsada por la concesionaria Transba. La Ley 19.552 establece las llamadas “franjas de seguridad”, donde se prohíbe toda construcción en un sector de hasta 15 metros a cada lado del eje de las líneas de alta tensión. Se trata de una medida que busca preservar tanto la integridad de las personas como de las instalaciones, para no poner en riesgo el servicio eléctrico.

Sin embargo, en el marco de la precariedad habitacional que afecta a Mar del Plata, diversas familias se vienen asentando en la zona en los últimos años. En ese marco, el informe de la Policía Federal precisó que la toma alcanza un total de 45 manzanas entre los barrios José Hernández, Belgrano y Autódromo.

“Se aprecian lotes divididos por calles que presumiblemente fueron realizadas por los mismos moradores, gran cantidad de edificaciones de material y algunas más precarias, teniendo una extensión bastante amplia la ocupación de los terrenos”, se puntualizó.

En tanto, “dentro del relevamiento realizado en el lugar se visualizan alrededor de 250 viviendas aproximadamente, entre precarias y de construcción de material, con un estimativo de más de 1.000 personas que estarían residiendo allí, destacándose que, por lo averiguado, estarían viviendo algunos miembros de una fuerza de seguridad”, sostuvo, sobre la presencia de policías entre los tomadores.

El reporte oficial consignó asimismo que se trata de “zonas de gran concentración de delitos como el robo automotor, motovehículos y la venta de estupefacientes en la modalidad narcomenudeo, sin dejar de lado que se han detectado en la zona talleres clandestinos (desarmaderos) abocados a la sustracción y posterior comercialización de autopartes”.

El principal de los cuatro lotes es uno propiedad del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, adquirido tiempo atrás para desarrollar un plan habitacional, el cual finalmente no se realizó precisamente por las restricciones imperantes en ese sector. Este predio abarca 36 de las 45 hectáreas totales, con su frente desde Av. Carlos Gardel y Ortiz de Zárate, extendiéndose hacia el oeste.

Al respecto, el informe de la Policía Federal puntualizó que en ese sector se observa un asentamiento con construcciones precarias y construcciones de material con sus instalaciones básicas. En el interior, se observan comercios, canchas de fútbol abiertas, como cerradas, e incluso hasta un salón de eventos con piscina.

Un desalojo en marcha

En febrero de 2025, el juez López dio la primera orden de desalojo de los cuatro lotes, tras lo cual se iniciaron diversas tramitaciones. En primer término, se buscó el abandono voluntario del lugar por parte de los moradores, lo que, como era de esperar, no ocurrió.

En simultáneo, se insistió con la responsabilidad del Ministerio de Capital Humano de Nación, el Instituto de la Vivienda y la Municipalidad de General Pueyrredon de buscar una solución habitacional para las familias afectadas por las medidas, entre las cuales se incluye una mayoría de menores de edad. Sin embargo, en todo el proceso las respuestas estatales fueron esquivas, tanto del ámbito nacional como provincial y municipal.

Tras ello, en mayo hubo una segunda orden impulsando el desalojo por la fuerza, cuyas diligencias previas se extienden hasta la fecha. En ese sentido, en los últimos días se incorporó una respuesta confidencial de Prefectura Naval Argentina, la fuerza que tendrá a cargo el desalojo, presuntamente con los detalles del lanzamiento.