Ordenan el desalojo por la fuerza de familias que viven bajo líneas de alta tensión en Mar del Plata

El juez federal Alfredo López ordenó este viernes el desalojo forzoso de las familias que continúan habitando terrenos ubicados en la franja de seguridad de las líneas de alta tensión en el barrio José Hernández. La decisión judicial autoriza el uso de la fuerza pública y la intervención de personal especializado, en caso de ser necesario, para concretar la medida.

La resolución llega tras vencerse el plazo establecido en febrero, en el cual se había intimado a los ocupantes a abandonar voluntariamente el predio, por considerarse de alto riesgo para la vida humana y la infraestructura eléctrica de la ciudad. Según consta en el expediente judicial, la orden también contempla el ingreso forzado con cerrajero, el allanamiento y la remoción de las construcciones erigidas de manera ilegal en los inmuebles señalados.

El fallo judicial, en respuesta a un pedido de la empresa concesionaria Transba SA, se fundamenta en el incumplimiento de la manda anterior, tal como fue constatado mediante un acta notarial y documentación fotográfica. El área afectada abarca tres lotes ubicados en el barrio José Hernández, en la que va desde Avenida Carlos Carlos hacia el oeste entre las calles Ortiz de Zárate y San Salvador, donde desde 2022 se asentaron numerosas familias.

Las llamadas “franjas de seguridad” están reguladas por la Ley 19.552, donde se prohíbe toda construcción en un sector de hasta 15 metros a cada largo del eje de las líneas de alta tensión. Se trata de una medida que busca preservar tanto la integridad de personas como de las instalaciones, para no poner en riesgo el servicio eléctrico. En este caso, los lotes incluidos abarcan unas 60 hectáreas, en donde en los últimos años se fueron asentando distintas viviendas precarias.

La decisión judicial establece que el procedimiento contará con apoyo de personal de Zoonosis ya que se constató la presencia de animales y será coordinado a través de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones. Por el momento, no se estableció la fecha en la que se concentrará el desalojo por la fuerza. La Defensoría Pública fue notificada para continuar con la representación legal de los afectados.

Este avance en el proceso judicial revive el conflicto habitacional en la ciudad y expone nuevamente la falta de respuestas estructurales frente a la emergencia habitacional. En este caso en particular, en los tres años que lleva el expediente, la Justicia había intimado a la Municipalidad, la Provincia y Nación a encontrar una solución habitacional para las familias que ocupan los lotes. Las respuestas fueron esquivas, en una situación que expone aún más al Instituto de la Vivienda provincial, dado que el principal lote donde se dan las ocupaciones es de su propiedad.