Pagó un 0 km, nunca se lo dieron y la Justicia fijó una indemnización millonaria

La Justicia bonaerense dictó un contundente fallo que sienta un importante precedente para el comercio electrónico y la defensa de los derechos del consumidor en Mar del Plata. El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 9 de la ciudad condenó a una empresa intermediaria a pagar una indemnización millonaria a una vecina marplatense que, en septiembre de 2018, compró y abonó por completo una camioneta 0 kilómetro a través de una plataforma digital y nunca recibió la unidad.

Por qué se produjo la denuncia de la víctima

El calvario de la compradora comenzó cuando intentó adquirir un Peugeot 5008 y, al no hallar disponibilidad en los concesionarios locales, recurrió a una firma comercializadora de la Ciudad de Buenos Aires. Confiada en la operación, realizó transferencias bancarias por un total de $1.170.900 -tras verificar que el número de chasis provisto por la agencia correspondía al modelo solicitado- bajo la promesa de retirar el vehículo en pocos días. Sin embargo, la entrega jamás se concretó, la empresa ofreció sucesivas excusas y la víctima debió afrontar durante años gastos en remises tras haber vendido su auto usado a la espera de la camioneta.

Durante el extenso proceso judicial, la demandante intentó sin éxito embargar las cuentas de la agencia intermediaria, las cuales ya se encontraban alcanzadas por medidas cautelares previas fijadas en otros expedientes por maniobras similares. Asimismo, el magistrado resolvió desestimar la demanda dirigida contra la terminal automotriz y el concesionario oficial al comprobar que no existía vínculo comercial ni negligencia por parte de las marcas, concentrando la responsabilidad del fraude de forma exclusiva en la firma comercializadora.

Al momento de fijar la reparación económica por el incumplimiento contractual, el juez determinó que el daño material debía calcularse tomando como parámetro el valor de mercado actual de un vehículo equivalente. Por este motivo, estableció el rubro principal en $70,7 millones de pesos más intereses, al que sumó una indemnización de $5 millones por daño moral basada en los peritajes psicológicos que acreditaron secuelas de estrés postraumático en la víctima.

La sentencia completó la condena con la imposición de una multa por daño punitivo equivalente a 14,69 Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 3, cifra que al momento de la resolución alcanzaba los $23,6 millones de pesos actualizables. En total, el resarcimiento económico que deberá abonar la empresa demandada roza los $100 millones de pesos, enviando una clara señal de advertencia sobre los riesgos y responsabilidades en las operaciones de compraventa vehicular por canales digitales.