Escándalo financiero en Paraguay: imputaron a Santiago Peña y pidieron su detención

El Ministerio Público de Paraguay imputó este sábado al ex presidente Santiago Peña por su presunta responsabilidad en irregularidades vinculadas con el cierre de Ueno Bank, entidad financiera de la que había sido accionista. En el marco de la causa, los fiscales solicitaron su prisión preventiva y la inhibición de sus bienes.

La acusación contra Peña contempla los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. La investigación también involucra al ex presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, quien fue detenido y enfrenta cargos adicionales por supuesta producción de documentos públicos de contenido falso.

Ambos se presentaron ante las autoridades judiciales, pero optaron por abstenerse de declarar. Esta decisión forma parte de su derecho a defensa y no implica un reconocimiento de los hechos que se les atribuyen.

Peña llegó a la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción, acompañado por una custodia policial y asistido por su abogado, Ricardo Preda. El defensor sostuvo que su representado no tenía responsabilidad directa sobre las colocaciones financieras que se encuentran bajo investigación.

Por cuestiones de seguridad, la comparecencia judicial fue trasladada a último momento al edificio central de la Fiscalía, ubicado en el microcentro de la capital paraguaya. En las inmediaciones se reunió un grupo de ciudadanos a la espera de la llegada del ex mandatario.

El caso provocó una fuerte conmoción política e institucional en Paraguay. El cierre de Ueno Bank, considerado uno de los principales establecimientos financieros del país, dejó a millones de ahorristas a la espera de recuperar sus depósitos. Las demoras en las devoluciones generaron protestas e incidentes que profundizaron el malestar social.

La crisis financiera también tuvo consecuencias directas sobre el escenario político. El Senado aprobó por unanimidad la destitución de Peña mediante un juicio político, decisión que le quitó los fueros constitucionales y permitió avanzar con las actuaciones judiciales. Tras su salida, el entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia.

Con la imputación y el pedido de prisión preventiva, la causa contra el ex jefe de Estado ingresa en una nueva etapa, mientras la Justicia deberá determinar las responsabilidades de los involucrados en el colapso de la entidad bancaria.