Multas millonarias contra funcionarios municipales por irregularidades y un fallo con repercusión en la política provincial

Montenegro y varios funcionarios suyos, multados por múltiples irregularidades administrativas

El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (HTC) multó al intendente en uso de licencia Guillermo Montenegro y a varios de sus funcionarios por diversas irregularidades administrativas cometidas en 2024, en el marco del tratamiento de la Rendición de Cuentas de ese año. Esta semana se conocieron los fallos correspondientes a la Administración Central, el Emder y el Emturyc, con temas sensibles bajo objeción del organismo provincial con rango constitucional y encargado de analizar las cuentas de los municipios.

Las distintas multas suman unos 3,5 millones de pesos contra Montenegro, 2,2 millones contra Sebastián D’Andrea (Emder), 1,8 millones contra Marina Sánchez Herrero (expresidenta del Concejo Deliberante), un millón contra Mauro Martinelli (Hacienda) y medio millón contra Bernardo Martín (extitular del Emturyc). Todos ellos, en caso de quedar firmes los fallos, deberán responder con sus propios bolsillos.

Una de las observaciones del HTC apuntó contra los permisos de uso gratuito que el Municipio otorgó a tres empresas para utilizar el Polideportivo Islas Malvinas. Ninguna de ellas se encuadraba en el beneficio de uso gratuito que establece la ordenanza 10.872 -ser entidad de bien público-, por lo que deberían haber abonado el canon del 5% de las entradas vendidas e ingresos por publicidad, además de los gastos operativos.

Los eventos fueron el Premier Padel realizado entre el 6 y el 25 de agosto, dos recitales de la banda Ke Personajes en junio y la fecha FIBA de noviembre que trajo a la selección argentina de básquet. Si bien el primero y el tercero fueron competencias deportivas, en concreto el permiso se otorgó a empresas que lucraron con las actividades.

El gobierno explicó que el uso gratuito buscó permitir la realización de los eventos, que generaron un beneficio económico para la ciudad por el movimiento que producen, incluida la afluencia de turistas. Sin embargo, el HTC consideró que no se respetó la ordenanza vigente, por lo que Montenegro, D’Andrea y Sánchez Herrero -los permisos fueron otorgados vía ordenanza- deberán afrontar unos 6 millones de pesos -la suma igual contiene multas por otros conceptos- para compensar los fondos que tendrían que haber ingresado al Municipio por el alquiler del Polideportivo.

En otros dos casos, funcionarios también deberán pagar por haberle generado a la Comuna un gasto indebido debido a falencias de la propia administración. Se trata de situaciones en las que el Municipio no respondió a solicitudes formales de vecinos, lo que derivó en juicios por mora y en costas judiciales a cargo del Estado municipal.

En uno de los casos, Montenegro y el delegado de Sierra de los Padres deberán pagar $352 mil por las costas de un expediente en el que un vecino solicitó el desmalezamiento de un terreno y nunca obtuvo respuesta administrativa. En el otro, Montenegro, Santiago Bonifatti (secretario de Gobierno en 2024) y Martinelli deberán afrontar otros $164 mil por una causa iniciada por una vecina a la que le habían secuestrado el auto y que solicitó la eximición de la tasa de estadía y acarreo sin recibir respuesta.

En tercer lugar, el HTC también puso la lupa sobre el proceso de unificación del operativo de playas, al objetar que un grupo de guardavidas fue municipalizado sin que existiera un convenio con los balnearios privados, lo que generó una deuda estimada en 70 millones de pesos.

Por último, el organismo advirtió que mantendrá en estudio el caso del contrato de alquiler de las instalaciones donde funciona el COM -propiedad de una constructora- para analizar si el aumento del alquiler mensual, que pasó de 6,2 a 10 millones de pesos, está justificado. También señaló que seguirá de cerca el juicio que el Municipio mantiene con la Provincia por la municipalización de Punta Mogotes.

Fuerte cuestionamiento por el desequilibrio financiero de 2024: también hubo multas

Como ya había ocurrido con el adelanto del fallo del Emsur, funcionarios con Montenegro a la cabeza volvieron a ser sancionados económicamente por el déficit financiero con el que cerraron las cuentas municipales en 2024. El HTC constató un rojo de $10,3 mil millones en la Administración Central, de $1.619 millones en el Emturyc y de $892 millones en el Emder, lo que implica un incumplimiento del artículo 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y de otras normas que obligan al equilibrio fiscal.

Lo curioso del caso es que las explicaciones del gobierno apuntan principalmente al esquema macroeconómico del primer año de la gestión libertaria de Javier Milei. En su descargo, Montenegro habló de un “marco macroeconómico de extraordinaria complejidad” e incluso calificó la situación como de “severa recesión”.

Si bien planteó como dato positivo que la inflación se redujo del 211%, durante la gestión de Sergio Massa, al 117% bajo la conducción económica de Luis Caputo, sostuvo que el presupuesto había sido calculado con una proyección cercana al 70%, por lo que los números terminaron desfasados.

Además de la inflación, también fallaron las previsiones sobre la actividad económica, que finalmente se contrajo 1,8% cuando el gobierno nacional proyectaba un crecimiento del 3%. Esto generó, según Montenegro, una caída en los ingresos municipales, tanto en los propios como en los que llegan por coparticipación.

En ese sentido, el entonces intendente también apuntó contra la caída sostenida del porcentaje de coparticipación provincial asignado a General Pueyrredon y contra la falta de envío de fondos -tanto de la Provincia como de la Nación- correspondientes al sistema de educación municipal.

Un fallo local que sienta jurisprudencia en la política bonaerense

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores que anuló la decisión del Concejo Deliberante de Pinamar de tomar juramento como concejal a Miguel Ángel Miranda tras el fallecimiento en 2020 de la edil María Laura Vigliecca, del Frente de Todos. En cambio, ratificó que la banca debía ser ocupada por Violeta Saquilán, quien había iniciado la demanda al considerar que le correspondía asumir por aplicación del principio de paridad de género.

El debate sobre los reemplazos ante la renuncia o muerte de legisladores tiene múltiples precedentes en la política bonaerense, donde algunos se inclinan por la correlación de suplencias, sin importar el género, mientras que otros sostiene que corresponde que el reemplazo recaiga alguien del mismo género de quien salió del cargo.

Esta semana, la cámara marplatense sostuvo que la paridad no puede limitarse solo a la conformación de las listas de candidatos, sino que debe proyectarse también en la integración efectiva de los cuerpos colegiados y en los mecanismos de reemplazo de bancas.

Con ese criterio, los jueces rechazaron la apelación presentada por la Municipalidad de Pinamar y confirmaron íntegramente la sentencia de primera instancia que había declarado ilegítimo el decreto del presidente del Concejo Deliberante. El fallo no tiene efectos prácticos, ya que el mandato en debate venció hace tiempo, donde Saquilán había podido ocupar la banca con una cautelar, siendo luego electa en 2023.