Montenegro fue multado por el déficit de 2024 y le echó la culpa al ajuste de Milei

El déficit financiero con el que cerraron las cuentas de la Municipalidad de General Pueyrredon en 2024 derivó ahora en una multa contra el intendente en uso de licencia, Guillermo Montenegro, y otros dos funcionarios, en un fallo del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires que se limita al caso del Emsur, pero que adelanta una postura de cara al análisis de la Rendición de Cuentas de la Administración Central.

Lo novedoso no es solo la sanción económica también impuesta al secretario de Hacienda, Mauro Martinelli, y al expresidente del Emsur, Santiago Bonifatti, sino el descargo presentado por el actual senador provincial Montenegro, donde, además de un fundamento técnico-contable, responsabilizó del déficit a las consecuencias generadas por el ajuste del gobierno nacional de Javier Milei.

El fallo sobre el Emsur, publicado a fines de diciembre por el organismo constitucional encargado de controlar el uso de los fondos públicos provinciales y municipales, es el primero correspondiente al ejercicio 2024. Ahora se esperan los dictámenes sobre los otros entes descentralizados y, principalmente, el de la Administración Central.

En uno de los puntos analizados, el Tribunal de Cuentas observó el déficit financiero de $1.118.636.673 que presentó el Emsur en 2024, constatándose el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y otras normas que obligan al equilibrio fiscal. Ese mismo año, el déficit también fue observado en la Administración Central, donde ascendió a $4.533 millones, reduciéndose a $2.916 millones al computar el resultado conjunto de todos los entes.

Por ese incumplimiento, el organismo presidido por Federico Thea impuso una multa de 280 mil pesos contra Montenegro, otra idéntica contra Martinelli y una de 300 mil pesos contra Bonifatti, aunque en este último caso se incluyen cargos por otras inconsistencias analizadas en el fallo. Las sanciones también alcanzaron a los dos contadores que tuvo el ente durante 2024.

“Una contracción de la actividad que redujo los ingresos tributarios”

En su análisis, el Tribunal de Cuentas consideró que el déficit del ente se debió fundamentalmente a la falta de giro de remesas desde la Administración Central. En ese marco, recordó que el artículo 210 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que el déficit de los organismos descentralizados debe ser cubierto por la Administración Central, con obligación de reintegro a cargo de los entes.

En ese contexto, el entonces intendente Montenegro presentó su descargo, en el que remarcó que el déficit debía analizarse “en el marco de un contexto económico excepcional”, según surge del informe de la relatoría. Ese escenario estuvo dado, se puntualizó, por una inflación anual del 117% y “una contracción de la actividad que redujo los ingresos tributarios y provinciales”, es decir, efectos del ajuste impulsado por el nuevo gobierno nacional.

“Esta situación incidió directamente en la capacidad de la Administración Central de transferir en tiempo y forma los recursos necesarios para cubrir los compromisos del Ente”, sostuvo Montenegro. Además, planteó que, por la naturaleza de las tareas que lleva adelante el Emsur, el organismo se vio fuertemente afectado por circunstancias como el aumento en el precio de insumos tales como combustibles, materiales de construcción y servicios de maquinaria. “La dinámica inflacionaria y la redeterminación de costos en contratos de provisión generaron un incremento de gastos que superó el ritmo de crecimiento de los recursos transferidos”, se indicó en el descargo.

En cuanto a los aspectos más técnicos, Montenegro señaló que el desequilibrio “responde a una diferencia de base devengada y no a un déficit en términos de caja”. Es decir, el desbalance no implica que al Emsur le hayan faltado fondos líquidos, ya que la diferencia surge porque los estados contables están elaborados en base devengada, donde los gastos e ingresos se registran cuando se generan, aunque aún no se hayan pagado o cobrado.

De hecho, el propio fallo del Tribunal reconoce que “el saldo de financiamiento corriente permitió sostener el funcionamiento del Ente y la prestación de los servicios, sin que se produjera un deterioro genuino de la solvencia institucional”.

A su vez, Montenegro puntualizó que se dio curso a la situación ante el Ministerio de Economía bonaerense, en virtud de lo dispuesto por la Ley de Emergencia Económica. En su artículo 27, la norma establece que ante excesos presupuestarios los Concejos Deliberantes pueden convalidar tales extralimitaciones, lo que habilita a no aplicar las sanciones previstas. En ese marco, sostuvo que “el déficit constituyó un efecto técnico derivado de la inflación y de la postergación de las transferencias, pero no el resultado de un desmanejo presupuestario”.