Entidades rurales cuestionan la desregulación del sistema de vacunación antiaftosa

El sector agropecuario del sudeste bonaerense comenzó a expresar de manera conjunta su rechazo a la resolución 201/2026 del Senasa, que introduce modificaciones en el sistema de vacunación antiaftosa y que entrará en vigencia a partir de 2027.

La medida habilita a los productores a contratar veterinarios privados para llevar adelante la vacunación, sin la intervención obligatoria de entes y fundaciones sanitarias que, hasta el momento, cumplen un rol central en la organización y ejecución de las campañas.

En este contexto, distintas sociedades rurales de la región manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias de un esquema más descentralizado. Si bien reconocen que la participación de veterinarios privados no es nueva, advierten que la falta de coordinación podría afectar aspectos clave del sistema sanitario.

La importancia de vacunar a todos los rodeos de manera organizada

Uno de los principales puntos señalados es la necesidad de garantizar que la totalidad de los rodeos sea efectivamente vacunada, algo que —según sostienen— podría verse comprometido sin una estructura organizada que supervise y controle el proceso. A esto se suma la inquietud por el mantenimiento de la cadena de frío de las dosis y la correcta carga de datos en los registros oficiales.

Desde el sector también remarcan que el actual sistema permite una planificación integral de las campañas, algo que podría dificultarse si no existe una articulación clara entre los distintos actores involucrados. En ese sentido, subrayan que el esquema vigente ha permitido sostener condiciones sanitarias homogéneas, independientemente del tamaño de los establecimientos productivos.

El impacto para los pequeños productores

Otro de los aspectos que genera inquietud es el impacto que la medida podría tener en los pequeños productores, quienes hoy acceden al servicio bajo las mismas condiciones que los establecimientos de mayor escala.

Frente a este escenario, las entidades rurales coinciden en la necesidad de abrir instancias de diálogo técnico antes de la implementación de la normativa. El objetivo, señalan, es revisar el alcance de los cambios y garantizar que no se vean afectados los estándares sanitarios alcanzados en las últimas décadas.

En medio del debate, el sector pone el foco en la importancia de sostener un sistema que ha sido clave para el control de la fiebre aftosa en el país, al tiempo que advierte sobre la necesidad de evitar retrocesos en materia sanitaria.