Nuevo proyecto oficialista para regular las apps: menos requisitos a conductores y quitan exigencias a las empresas

El debate legislativo sobre la regulación de las apps de transporte ya está plenamente instalado, luego de que la Comisión de Movilidad Urbana pusiera en tratamiento diversos proyectos en torno a la temática. El central de ellos es uno que data de 2022, elaborado por la Coalición Cívica, el cual, sin embargo, ya es cosa del pasado: es que el bloque ahora presentó una nueva propuesta prácticamente a nuevo, con agregados y eliminaciones que modifican sustancialmente la redacción original.

Con la autoría de Guido García, a su vez presidente de la Comisión de Movilidad Urbana, el nuevo proyecto se caracteriza principalmente por establecer menos requisitos a conductores que los que contenía la versión originaria, mientras que se quita todo el artículo que determinaba las exigencias que debían cumplir las empresas.

El remozado proyecto para la creación del Registro Municipal de Prestadores del Servicio de Transporte Privado de Personas mediante Plataformas Digitales mantiene aspectos medulares como la inscripción en dicho registro para que los choferes puedan operar a través de las diversas plataformas existentes, sin que desde el Municipio se establezcan tarifas, como sí ocurre con el servicio de taxis y remises. También se especifica que solo podrán realizar viajes asignados por las apps, sin poder “levantar” pasajeros en la vía pública como lo hacen los taxis.

Los requisitos para los choferes

Un cambio relevante es que ahora se incorpora la obligación de que los conductores cuenten con domicilio en General Pueyrredon, un reclamo persistente de parte de prestadores locales, ante la presencia –sobre todo en verano– de personas de otras ciudades que aprovechan el flujo de turistas para trabajar en Mar del Plata.

Mientras que se mantiene la obligación de no contar con antecedentes penales, se reduce la categoría de la licencia con que debe contar el chofer. La propuesta de 2022 requería una licencia profesional (Categoría D1), mientras que García propone que alcance con una licencia particular (B1), un punto cuestionado por las asociaciones de taxis. En tanto, los conductores ya no tendrán la obligación de contar con inscripción ante AFIP ni de pagar el Certificado de Habilitación municipal.

En tanto, quienes actualmente cuenten con licencia de taxis y remises quedan automáticamente habilitados para operar con las apps.

Las características de los vehículos

La reglamentación propuesta mantiene requisitos a los que deben ajustarse las unidades utilizadas para prestar el servicio, aunque con menos regulaciones que el diseño original. Los conductores podrán utilizar vehículos propios o de terceros, mientras que se eliminó que en el registro conste el o los vehículos afectados a cada chofer.

Sin alteraciones se mantiene el seguro con cobertura para transporte oneroso de pasajeros, en tanto que solamente se establece que la unidad deberá “contar con Verificación Técnica Vehicular”, aunque sin especificar plazo. Actualmente, los taxis tienen dos VTV al año, mientras que los coches particulares una. Finalmente, se incluye como límite que los autos no superen los 15 años de antigüedad, una condición inexistente en el proyecto de 2022.

Se eliminan diversas obligaciones empresariales

En la lógica de regular lo menos posible, el nuevo proyecto de la Coalición Cívica elimina el Artículo 8°, que establecía diversas obligaciones que debían cumplir las aplicaciones de transporte para operar en Mar del Plata. Solamente se mantiene una cláusula vinculada a la responsabilidad civil, donde tanto prestadores como apps serán solidariamente responsables por los daños que pudieran ocasionar a usuarios o terceros.

Por fuera de ello, las multinacionales como Uber, Cabify y Didi no tendrán exigencias que cumplir, como sí se estipulaba en 2022. Una de ellas era que no podían asignar viajes por más de 8 horas corridas ni más de 12 horas fraccionadas en un mismo día, esto con el espíritu de que el chofer esté en condiciones psicofísicas para manejar, velando por la seguridad vial.

En el mismo sentido, las apps debían fiscalizar que los conductores cumplan con las obligaciones de tránsito, seguridad y normas vigentes, y no asignar viajes a quienes no cumplan. De esto se desprendía que las apps no deberían asignar viajes a quienes no estén inscriptos en el registro municipal, algo que ahora podría ocurrir. Así, el Municipio deberá tener un rol aún más activo en los controles para velar por el cumplimiento de la ordenanza y que no haya prestadores operando por fuera de ella.

Un punto sensible en materia de seguridad fue eliminado completamente: el proyecto de 2022 exigía que las apps conserven por al menos doce meses el registro de viajes y legajo de conductores, estableciendo también la obligación de colaborar con información cuando sea requerida.

Por último, el proyecto de ordenanza establece como cláusulas transitorias que el Ejecutivo tendrá 90 días para la reglamentación, mientras que los operadores tendrán un plazo de 60 días para adecuarse a la norma.