La mitad de los ascensores sigue sin modernizarse: prorrogarán por otros 18 meses el plazo

El intendente Agustín Neme elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para prorrogar por 18 meses el plazo destinado a la adecuación tecnológica y de seguridad de los ascensores en General Pueyrredon. La iniciativa surge a partir de un pedido de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires y apunta a extender los tiempos previstos en la normativa vigente.

La ordenanza original, sancionada en 2016, había establecido un plazo de ocho años para que los edificios actualizaran sus instalaciones de transporte vertical con nuevas tecnologías vinculadas a la seguridad. Ese período ya había sido prorrogado por dos años más en 2024, en un contexto económico complejo que dificultó el cumplimiento de las obras. Ahora, el municipio considera necesario un nuevo aplazamiento.

Entre los trabajos exigidos se encuentran el recambio de los controles de maniobra y la instalación de cerraduras electromecánicas, dos componentes clave para mejorar las condiciones de seguridad en los ascensores. Según se detalla en el expediente, el avance de las adecuaciones ronda actualmente el 50% del parque existente en el distrito.

Desde la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano justificaron la prórroga en una combinación de factores técnicos y económicos. Señalaron que existe una alta demanda simultánea de adecuaciones en los equipos, junto con demoras en la provisión de insumos y componentes, muchos de ellos importados, lo que impacta en los tiempos de ejecución.

El proyecto también establece nuevas obligaciones para los propietarios de edificios. En caso de aprobarse, deberán presentar en un plazo de 60 días un cronograma de obras ante el Departamento de Electromecánica, detallando las tareas pendientes y los plazos de ejecución, en coordinación con las empresas de mantenimiento.

Además, se fija que, una vez vencido el nuevo plazo de 18 meses, quienes no hayan cumplido con las adecuaciones podrán ser sancionados de acuerdo a la normativa vigente.

La iniciativa será ahora analizada por el Concejo Deliberante, donde deberá reunir los consensos necesarios para su aprobación. Mientras tanto, el debate vuelve a poner en foco el impacto de la crisis económica en el cumplimiento de las exigencias técnicas y de seguridad en los edificios de la ciudad.