Condenan a constructora a pagar $50 millones por abandonar la obra de una vivienda en seco

La justicia civil de Neuquén dictó una condena contra una empresa constructora y su gerente por no finalizar la construcción de una vivienda bajo la modalidad en seco, método conocido como steel framing. La jueza María Eugenia Grimau ordenó que la firma y su gerente paguen una indemnización de 50 millones de pesos a un cliente afectado.

El caso se originó tras una demanda presentada por un vecino de Neuquén capital, quien en marzo de 2023 contrató a la empresa para levantar una casa de 60 metros cuadrados con entrega prevista en 120 días. El precio acordado fue cercano a 17 millones de pesos dolarizados, de los cuales abonó la mitad. Sin embargo, la obra comenzó en abril y se interrumpió abruptamente en agosto sin motivo alguno.

Según replicó LM Neuquén, la magistrada Grimau calificó el contrato como un acuerdo de consumo regulado por el Código Civil y Comercial y la ley 24240, y aseguró que “la demandada nunca construyó la vivienda encomendada”, lo que evidencia la “antijuridicidad” del incumplimiento. Además, explicó que dicha conducta implica una transgresión contractual que impide al cliente acceder al bien que le correspondía.

En el fallo, la jueza extendió la responsabilidad al socio gerente de la constructora, argumentando que “el incumplimiento es un ilícito que está fuera del objeto social, lo que lo hace responsable”. Esta decisión facilita el acceso del perjudicado a diversos patrimonios para cubrir los daños ocasionados, pues deberán responder de manera ilimitada y solidaria.

Grimau señaló que “no puede vender como sociedad, incumplir, desinteresarse de los acreedores, y pretender una ajenidad formal al negocio”, y destacó que el gerente no está exento del conflicto.

Para establecer la indemnización, la jueza tomó como referencia el precio original de 2023 y su equivalencia en dólares, concluyendo que el costo actual para una obra similar asciende a 66 millones de pesos. También reconoció el reclamo por la privación del uso de la vivienda, que se traduce en una oportunidad perdida y constituye un daño cierto que debe ser reparado.

En cuanto al daño moral, la magistrada afirmó que “no hay dudas que la conducta de la demandada ha generado una alteración de la vida cotidiana del actor, y de manera injustificada”. Por este motivo, además de la indemnización económica, condenó a la empresa y al gerente a pagar dos millones de pesos adicionales en concepto de daño punitivo.