Escándalo: detuvieron al jefe policial y a ocho efectivos por cobrar coimas en una ruta bonaerense

Detuvieron al jefe y a ocho efectivos del Destacamento de Seguridad Vial de Colón, provincia de Buenos Aires, acusados de integrar una presunta organización dedicada al cobro de coimas durante controles sobre la ruta nacional 8.

La investigación judicial detectó más de 300 transferencias bancarias realizadas por conductores particulares y empresas de transporte, quienes habrían pagado sumas de dinero para evitar multas, el secuestro de vehículos o la apertura de actas contravencionales, según consignó el diario La Opinión de Pergamino.

Las detenciones fueron dispuestas por la fiscal de instrucción de Colón, Magdalena Brandt, en el marco de una causa por presuntas exacciones ilegales, concusión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. La medida fue avalada por el juez de Garantías César Solazzi, quien también ordenó allanamientos en dependencias policiales y domicilios vinculados a los imputados.

De acuerdo con la pesquisa, los agentes habrían implementado un sistema organizado para exigir dinero a automovilistas interceptados en operativos de tránsito en la ruta 8 y otros corredores viales de la zona.

Conforme a la acusación, ante la amenaza de labrar infracciones, retener documentación, secuestrar vehículos o iniciar causas penales, los uniformados ofrecían evitar sanciones a cambio de pagos que debían realizarse mediante transferencias bancarias.

El expediente sostiene que la maniobra se habría desarrollado entre enero de 2024 y noviembre de 2025. El esquema tenía como eje una cuenta del banco Supervielle identificada con el alias “pelado.258”, a la que los conductores transferían el dinero exigido. Luego, esos fondos eran redistribuidos a otras cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas al jefe del destacamento y a otros integrantes de la dependencia.

Los investigadores detectaron movimientos por montos millonarios y la causa menciona transferencias superiores a los 23 millones de pesos hacia algunos de los efectivos involucrados, además de otros giros de menor cuantía divididos entre distintos miembros del grupo.

En su pedido de detención, la fiscal Brandt señaló que las acreditaciones provenían de personas y empresas radicadas en distintos puntos del país, en muchos casos transportistas que circulaban por los controles montados sobre la ruta 8.

Uno de los episodios incluidos en la causa refiere a un chofer de transporte de cargas al que, en un primer momento, le habrían exigido 27 millones de pesos para evitar una infracción. Finalmente, el conductor abonó 2 millones mediante transferencias desde dos cuentas diferentes.

Para la fiscalía, los hechos no se trataron de casos aislados sino de una estructura organizada dentro de la Policía Vial, por lo que imputó a los acusados por asociación ilícita y señaló como presunto organizador al entonces jefe del destacamento de Colón.

En el expediente también se investiga la posible participación de superiores de la estructura de Policía Vial con asiento en la zona de Junín, quienes habrían recibido parte de las transferencias provenientes de la recaudación ilegal.