Buscan crear un "DNI" para las bicicletas: el proyecto que apunta a combatir el robo y recuperar los rodados
La iniciativa busca facilitar la recuperación de rodados robados, combatir el mercado ilegal y brindar mayor protección a los ciclistas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El diputado provincial Roberto Vázquez (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que propone crear el Sistema Provincial de Identificación y Seguridad para Bicicletas (SIPSBI), una herramienta destinada a registrar los rodados que circulan en la provincia, fortalecer los mecanismos de prevención del delito y agilizar la restitución de bicicletas sustraídas a sus propietarios.
La iniciativa parte de un diagnóstico cada vez más frecuente en los centros urbanos: el crecimiento del uso de la bicicleta como medio de transporte fue acompañado por un incremento de los robos y de la comercialización ilegal de estos vehículos, un delito que muchas veces dificulta la recuperación de los rodados por la falta de mecanismos de identificación.
De acuerdo con el proyecto al que accedió 0223, el sistema será administrado por el Ministerio de Transporte bonaerense y funcionará a través de un Registro Provincial de Bicicletas, donde los propietarios podrán inscribir sus rodados de manera voluntaria durante una primera etapa, siendo obligatoria para las bicicletas nuevas una vez que la ley entre en vigencia.
La propuesta contempla la asignación de un código único de identificación, vinculado a los datos del propietario y a las características de la bicicleta, que podrá acreditarse mediante una placa o dispositivo con tecnología QR o NFC. Esa identificación permitirá verificar la titularidad del rodado, denunciar robos y consultar si una bicicleta posee pedido de secuestro.
Además, el proyecto prevé la implementación de una aplicación móvil para realizar consultas y denuncias, y la conformación de una base de datos interoperable con los registros policiales y judiciales de la provincia. También establece que las fuerzas de seguridad, municipios y organismos competentes podrán acceder al sistema para realizar controles y colaborar en la recuperación de bicicletas robadas.
Otro de los ejes de la iniciativa apunta a la actividad comercial. De acuerdo a la iniciativa, los locales dedicados a la venta de bicicletas usadas deberán verificar que los rodados se encuentren registrados y sin pedido de secuestro antes de concretar una operación, mientras que talleres y comercios podrán consultar la base de datos para evitar la circulación de bicicletas provenientes de hechos delictivos. Además, al igual que ocurre con motos y autos, ante la venta de un rodado deberá notificarse en el sistema la transferencia de titularidad.
El proyecto de ley contempla sanciones económicas ante incumplimientos. Allí se cataloga como infracción leve la comercialización minorista de bicicletas nuevas sin la verificación previa del CUIB; como infracción grave la venta sin la tecnología de marcación homologada; mientras que será infracción grave la adulteración, destrucción o supresión intencional del dispositivo de marcación.
El texto también impulsa campañas de concientización sobre el registro de bicicletas, el uso de medidas de seguridad y la prevención del robo, además de promover convenios con municipios, universidades, empresas y organizaciones de ciclistas para ampliar el alcance del sistema.
En los fundamentos, Vázquez resaltó que “la bicicleta cumple una función social crítica como medio de transporte para millones de trabajadores, estudiantes y personas de bajos recursos”, donde el “robo de bicicletas impacta de manera desproporcionada sobre estas personas”, por lo que se precisa una política pública.
Según señaló el legislador, entre los beneficios de la ley se esperan la “reducción del mercado negro de bicicletas, aumento de la tasa de recupero de rodados robados, mayor confianza ciudadana en el sistema de seguridad”, entre otras.
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