El municipio defendió los beneficios para la construcción y aseguró que generaron un 25% más de recaudación

La Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano salió a defender la continuidad del Régimen Promocional para la Reactivación de la Industria de la Construcción y aseguró que, además del fuerte crecimiento de la actividad edilicia registrado desde 2021, la iniciativa también tuvo un impacto positivo en las cuentas municipales y en la recuperación de emprendimientos que permanecían paralizados.

El informe fue remitido a la Comisión de Legislación, que analiza el proyecto del Ejecutivo para extender por otros 18 meses los beneficios establecidos por ordenanza, y será analizado este martes.

Si bien uno de los datos ya conocidos es que el régimen permitió superar los 2 millones de metros cuadrados de obras aprobadas en General Pueyrredon, el documento incorpora otros indicadores para justificar la prórroga. Entre ellos, sostiene que la recaudación municipal por la Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción aumentó un 25% desde la puesta en marcha del programa en 2021. Además, remarca que el crecimiento también impactó en la recaudación de la TSU a partir de la incorporación al catastro de nuevas superficies construidas.

En materia laboral, la Secretaría reconoce que no dispone de estadísticas propias, aunque afirmó que los principales actores del sector, entre ellos la Uocra, la Cámara Argentina de la Construcción y el Centro de Constructores y Anexos, vienen manifestando una situación de pleno empleo en la actividad durante los últimos años.

Otro de los argumentos incorporados al informe está vinculado con el impacto ambiental del régimen. Según el Ejecutivo, las exigencias incorporadas para acceder a los incentivos promovieron prácticas como la reducción del consumo energético, la captación y reutilización del agua de lluvia y una mejor capacidad de drenaje de los terrenos en nuevos emprendimientos.

El documento también sostuvo que la política permitió disminuir la cantidad de obras paralizadas que podían convertirse en "pasivos ambientales" y menciona como ejemplo el desarrollo ubicado sobre la avenida Constitución, entre Joaquín V. González, Gorriti y Valencia.

Respecto de la infraestructura urbana, la Secretaría afirmó que todos los expedientes tramitados bajo este régimen contaron con informes favorables de las empresas prestatarias de servicios, como Osse, Edea y Camuzzi, además de las evaluaciones particulares correspondientes a cada proyecto.

Finalmente, el área que conduce Jorge González señaló que, si bien el régimen nació durante la pandemia de Covid-19, las sucesivas prórrogas permitieron actualizar los indicadores urbanísticos y adecuar la normativa a partir de la experiencia recogida durante su implementación.