Horror y conmoción: rescataron a una mujer desnutrida tras 20 años de encierro por su esposo e hijos

A un año del estremecedor hallazgo que conmocionó a la localidad cordobesa de Despeñaderos, la causa por el cautiverio de una mujer enviará a juicio a su círculo familiar directo. La Fiscalía II de Alta Gracia, conducida por el fiscal Alejandro Peralta Otonello, determinó elevar a juicio la acusación contra el esposo de la víctima y sus cuatro hijos. Todos llegarán al debate en libertad imputados por el delito de abandono de persona doblemente calificado. La mujer, que actualmente reside en un hogar de contención, no pudo prestar declaración debido a su delicado cuadro de salud mental y físico.

Las acusaciones que pesan sobre la familia de la víctima

El dramático episodio salió a la luz pública en agosto de 2025, cuando un operativo policial rescató a la víctima de 50 años en un estado de extrema desnutrición y maltrato. La intervención se desencadenó gracias a una denuncia anónima radicada en el Polo de la Mujer por frentistas de la zona. Las declaraciones de los pobladores del barrio revelaron la magnitud del aislamiento: muchos aseguraron que no la veían desde hacía más de diez años e incluso creían que la víctima había fallecido tiempo atrás.

La hipótesis principal de los investigadores sostiene que la víctima permaneció sometida a servidumbre e inhabilitada de todo contacto exterior por más de una década dentro del domicilio familiar. Durante las primeras inspecciones, trascendieron detalles macabros sobre el trato diario que recibía, incluyendo el uso de herramientas industriales como una amoladora para cortarle las uñas. Al momento del rescate, la mujer debió ser internada de urgencia para recibir asistencia psiquiátrica y médica especializada.

Ante los severos cuestionamientos por las condiciones del hallazgo, el grupo familiar acusó a la víctima de sufrir trastornos severos y sostuvo que la mujer “tenía problemas psiquiátricos y no se dejaba ayudar”. Pese a esa justificación, las pericias judiciales derivaron en la detención inicial del esposo, Sergio Colazo, y de una de sus hijas, quienes trabajaban en el municipio local. Ambos recuperaron la libertad tras abonar una fianza, quedando bajo medida de restricción de acercamiento junto a los tres hijos restantes.

El próximo juicio oral buscará establecer el grado exacto de responsabilidad penal que le cupo a cada integrante de la familia durante el prolongado período de encierro. La acusación tratará de probar si existió un plan sistemático para reducir a la víctima al aislamiento absoluto en la vivienda compartida. La resolución judicial genera una enorme expectativa en la provincia de Córdoba ante la gravedad de los hechos denunciados y la falta de testimonios directos de la damnificada.