Condenaron a 12 años de prisión al narco marplatense que pagó 40.000 dólares para asesinar a un ministro, un juez y un fiscal en Entre Ríos

El Tribunal Oral Federal de Paraná sentenció este jueves a 12 años de prisión al marplatense Leonardo Roberto Airaldi, ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, tras considerarlo organizador y financista de una estructura dedicada al tráfico de cocaína.

La pena es menor a los 14 años solicitados por el Ministerio Público Fiscal, que lo señaló como uno de los principales responsables de una red que operó entre junio de 2019 y marzo de 2024 en Paraná, Diamante y otras zonas del litoral argentino.

Según la Fiscalía, la organización utilizaba propiedades rurales vinculadas a Airaldi para recibir cargamentos de cocaína mediante avionetas que aterrizaban en pistas clandestinas. Además, se empleaba logística fluvial con lanchas para el traslado y distribución de los estupefacientes.

El tribunal también condenó a otros integrantes de la banda: Juan Andrés Erbes recibió 6 años y 8 meses; Sebastián Armocida, 6 años; Roberto Coronel, 5 años; Joel Schonfeld, 3 años y 6 meses; y Soledad Touzet y Walter Olivero, 3 años de prisión condicional. Cristian Sánchez y Marino Martínez fueron absueltos. Erbes quedó en prisión preventiva.

Durante el juicio, los fiscales José Ignacio Candioti y su equipo destacaron el rol central de Airaldi, resaltando como agravantes el uso de aeronaves para el tráfico, la violencia desplegada y el aprovechamiento de recursos agropecuarios para encubrir las operaciones ilícitas.

La Fiscalía también solicitó el decomiso de la estancia “El Mirador”, ubicada sobre la costa del río, al considerarla parte de la logística de la organización.

Airaldi se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, desde donde participó en parte del proceso de forma remota. Además, enfrenta otra investigación relacionada con un presunto plan para atentar contra autoridades judiciales y políticas, incluyendo al fiscal Candioti y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

El juicio marcó el cierre de la causa principal, en la que la Fiscalía había pedido penas de entre tres y siete años para el resto de los acusados.

Entre las maniobras atribuidas a Airaldi figura una investigación iniciada en Santa Fe, donde en 2022 se incautaron 29,5 kilos de cocaína en Puerto Gaboto, que luego fue acumulada a la causa de Entre Ríos.

Los fiscales Candioti, Uriona y Podhainy fundamentaron la responsabilidad de los acusados con pruebas que acreditaron su participación en transporte, distribución y comercialización de drogas. Solicitaron penas de hasta 7 años para algunos y consideraron la situación de género para la condena de Soledad Touzet.

El fiscal general José Ignacio Candioti afirmó que la responsabilidad de Airaldi quedó probada tras un debate de casi cuatro meses y que dirigía una organización criminal integrada por múltiples personas.

La investigación comenzó en 2019 tras denuncias vecinales que señalaban una pista clandestina en un campo vinculado a Airaldi, usada para recibir estupefacientes. Drones y fotografías confirmaron la existencia de un camino aplanado y movimientos de aeronaves en el lugar.

La Policía de Entre Ríos también recopiló testimonios sobre actividades sospechosas nocturnas y la existencia de la pista clandestina, además de informar sobre una posible cobertura policial que protegía a Airaldi, facilitándole desplazamientos sin riesgo de detención.

Las fuerzas federales de Santa Fe también coincidieron con esta conclusión, señalando que Airaldi contaba con protección dentro de áreas policiales en la zona de Diamante.

Uriona destacó que Airaldi impartía directivas, controlaba territorios y utilizaba la violencia para sostener la organización. Su rol quedó evidenciado en el almacenamiento de la droga incautada en Puerto Gaboto.

Las intervenciones telefónicas y los mensajes recuperados revelaron un lenguaje codificado empleado por los acusados para ocultar referencias al narcotráfico, utilizando términos agropecuarios como "lomo", "carne", "novillito", "maple" y "huevos".

Por ejemplo, se interpretó que "los maples van a llegar a Gaboto" hacía referencia al traslado de cocaína, y "novillito lastimado" aludía a un ladrillo de droga dañado. También se mencionó un cobro de 10 millones de pesos "por salir a pescar", entendido como ganancias por el comercio de estupefacientes.

El fiscal general aseguró que no hay dudas sobre el contenido ilícito de estas comunicaciones y que confirman el funcionamiento de la organización.

Finalmente, Uriona concluyó que Airaldi era quien daba las órdenes dentro de la estructura, corroborando su rol de organizador y financista de las maniobras ilegales.