Provincia va contra Mercado Pago por el endeudamiento familiar: exige cambios y advierte multas de hasta $1.883 millones

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció este jueves que profundizará las acciones contra las billeteras virtuales por las condiciones en las que ofrecen créditos y otros servicios financieros, con especial foco en Mercado Pago, y advirtió que las empresas podrían recibir multas de hasta $1.883 millones si no modifican prácticas consideradas abusivas o incumplen con las obligaciones establecidas por la Ley de Defensa del Consumidor.

El anuncio fue realizado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, durante una presentación encabezada por el gobernador Axel Kicillof en La Plata, quien vinculó el fuerte crecimiento del endeudamiento de las familias con la situación económica nacional.

Según planteó Kicillof, alrededor del 60% de la población adulta argentina está endeudada, lo que representa unas 21 millones de personas, mientras que cerca de 6 millones se encuentran en situación de mora. "De los endeudados, casi uno de cada tres" no estaría pudiendo afrontar sus obligaciones, sostuvo el mandatario.

Para el gobernador, el fenómeno no puede ser explicado solamente por decisiones individuales de los consumidores. "Esto no es un problema entre privados o que se produce por una toma de decisiones individual", afirmó, y atribuyó el crecimiento del endeudamiento y la morosidad a las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei.

Kicillof sostuvo que la pérdida de ingresos, el deterioro de los salarios y las jubilaciones y la caída del empleo generaron un escenario en el que millones de personas recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos. También señaló que en los últimos dos años se perdieron alrededor de 30.000 empresas y 330.000 puestos de trabajo formales, según las cifras que presentó durante el anuncio.

En ese contexto, cuestionó particularmente el crecimiento del componente financiero de las plataformas de comercio electrónico. Según explicó, mientras que en países como Brasil y México el comercio electrónico concentra cerca del 60% del negocio y las actividades financieras el 40%, en Argentina la relación sería inversa. "Se han convertido en empresas de las finanzas más que del comercio", sostuvo Kicillof, al advertir sobre el impacto que tiene este modelo sobre consumidores que recurren al crédito para afrontar necesidades básicas.

Provincia apunta contra las condiciones de Mercado Pago

Costa explicó que Defensa del Consumidor utilizará las herramientas previstas en la legislación para avanzar contra las billeteras virtuales, ya que aspectos vinculados a la regulación dependen enteramente del Estado nacional. El principal foco estará puesto en la falta de transparencia en las condiciones de financiamiento, las tasas de interés y los mecanismos utilizados para cobrar deudas.

Según Costa, algunas de estas cláusulas de Mercado Pago ya fueron modificadas en agosto luego de una actuación de oficio de Defensa del Consumidor bonaerense. Pero ahora la Provincia irá por más. Entre los aspectos que serán investigados aparecen las publicidades de cuentas remuneradas, las propuestas de financiamiento dentro de las aplicaciones, la posibilidad de obtener préstamos "en tres clics", la falta de información sobre las condiciones y las tasas de interés que, según advirtió, en algunos casos superan el 1.000%.

También se investigarán las denuncias por acoso y hostigamiento a personas morosas de parte de las billeteras y la promoción de productos financieros dentro de las plataformas de comercio electrónico.

Más de 2.200 denuncias

Costa informó que Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias contra billeteras virtuales, principalmente con foco en Mercado Pago, aunque también contra Naranja Digital, Uala, Personal Pay, Brubank y Cencosud.

A partir de esas presentaciones, la Provincia abrirá un nuevo expediente y solicitará a las empresas información sobre los criterios utilizados para definir las tasas de interés y la composición del costo financiero total.

Las empresas podrán presentar sus descargos y, en caso de comprobarse incumplimientos, enfrentarán multas de hasta $1.883 millones, además de la obligación de revertir las prácticas consideradas abusivas.