Tras el freno a la reforma nacional, impulsan una ley bonaerense para limitar la compra de tierras por extranjeros

El fracaso del gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras en el Senado encontró una rápida respuesta en la provincia de Buenos Aires, dado que en la Legislatura bonaerense toma forma un proyecto que propone exactamente lo contrario: establecer un régimen provincial para limitar la extranjerización de esos inmuebles.

La iniciativa fue presentada la senadora Malena Galmarini (Unión por la Patria) y busca fijar restricciones a la adquisición, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras dentro del territorio bonaerense. Según sus autores, el objetivo es preservar la soberanía territorial, proteger los recursos naturales estratégicos y evitar una mayor concentración de la propiedad rural en manos de capitales extranjeros.

El proyecto toma como referencia la Ley Nacional 26.737, sancionada en 2011, que fijó límites a la propiedad extranjera sobre las tierras rurales. Esa norma quedó en el centro del debate luego de que el Gobierno de Javier Milei intentara modificarla como parte de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, eliminando las restricciones vigentes para favorecer las inversiones. Sin embargo, frente al rechazo de sectores de la oposición e incluso de aliados, el oficialismo decidió retirar ese capítulo antes de la votación para evitar una derrota legislativa.

“Las tierras rurales no son zonas abandonadas e inútiles: concentran bienes estratégicos como agua dulce, biodiversidad, minerales y corredores logísticos”, sostuvo Galmarini en los fundamentos.

En ese contexto, la propuesta bonaerense establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no podrán superar el 15% de la superficie rural tanto a nivel provincial como en cada municipio. Además, dispone que una misma nacionalidad no podrá concentrar más del 30% de ese cupo y fija un límite máximo de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo —o su equivalente en otras regiones productivas— para un mismo titular extranjero.

Los impulsores del proyecto sostienen que la Provincia debe contar con herramientas propias para resguardar el dominio sobre las tierras rurales, independientemente de las modificaciones que puedan producirse en la legislación nacional. De esa manera, buscan blindar el régimen bonaerense frente a futuros intentos de flexibilizar los controles sobre la compra de campos por parte de capitales extranjeros.