Dieron lugar a hábeas corpus y prohíben ingresos al geriátrico donde maltrataron pacientes

La Justicia de Familia hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Comisión Provincial por la Memoria y ordenó a las autoridades provinciales en la materia que se abstengan de autorizar nuevos ingresos de personas a la Residencia para Adultos Mayores "David", donde un cuidador que fue cesanteado atacó a dos personas a fines de julio.

Desde el Juzgado de Familia N°3 a cargo de Amalia Dorado se libraron oficios a la Dirección Provincial de Registro y Habilitación Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y al área pertinente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires para que, en el marco de sus respectivas competencias, se abstengan de autorizar nuevos ingresos de personas a la Residencia para Adultos Mayores "David".

En otro punto de la resolución de cinco páginas a la que tuvo acceso 0223 se dispuso librar oficio a la dirección de la residencia a fin de que informe si el personal que se desempeña en la institución recibe algún tipo de capacitación relacionada con la actividad, dictada por el Ministerio de Salud y/o el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, indicando periodicidad, contenidos y modalidad de acceso para el personal que actualmente presta funciones y para quienes ingresen en el futuro.

La Jueza también dispuso que se “adopten las medidas necesarias para garantizar la privacidad de los espacios destinados a la atención profesional de las personas alojadas, y que pongan en conocimiento de los residentes dicha circunstancia, a fin de propiciar un ámbito confiable y seguro para la comunicación de cualquier situación que afecte sus derechos”.

Por último, se libró oficio a la Dirección de Personas Mayores de la Municipalidad de General Pueyrredón, a fin de que “informe las gestiones realizadas y/o en curso respecto de la Residencia para Adultos Mayores "David" y de las personas allí alojadas, y que intervenga en el seguimiento de la situación relevada en autos, remitiendo a este Juzgado toda información obrante en sus registros al respecto”.

El Juzgado consideró acreditados con el grado de verosimilitud propio de una medida cautelar, la situación de “vulneración actual de derechos de las personas alojadas en la institución referida, vinculada a las condiciones materiales, de higiene, de atención sanitaria y de privacidad del establecimiento, así como a la insuficiencia de personal de cuidado, circunstancias que, en el marco de la vulnerabilidad propia del colectivo de personas mayores allí alojadas, resultan susceptibles de agravar su situación de restricción a la libertad ambulatoria y de configurar tratos incompatibles con la dignidad humana”.

Por la agresión a las pacientes, Nicolas Cichero permanece alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán imputado por los delitos de lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas.

El 14 de agosto pasado la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías rechazó su excarcelación en los mismos términos que el Juez de Garantías Daniel De Marco y ratificó el riesgo de obstrucción del proceso mediante la sospecha verificada de que Cichero había intentado influir en testigos. 

En tal sentido recordaron los mensajes amenazantes recibidos por la trabajadora del geriátrico que fue la primera en descubrir las consecuencias de los hechos al atender a una de las víctimas en la madrugada del día 28 de julio pasado, observando su boca lastimada con dos paletas colgando de la encía y dando aviso a la dueña para que mire las cámaras de la residencia.