Con la baja de la edad de imputabilidad, la Justicia Juvenil de Mar del Plata espera una "oportunidad" para fortalecer el fuero

A un mes de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, el fiscal Walter Martínez Soto sostuvo que el principal desafío no estará en las investigaciones sino en la etapa de juicio y ejecución de las penas. Además, advirtió que "lo que está fallando es la prevención" y reclamó mayor intervención del Estado antes de que los casos lleguen a la Justicia.

Walter Martínez Soto, fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata, aseguró que la implementación del nuevo régimen representa una oportunidad para fortalecer el funcionamiento de la Justicia especializada.

8 de Agosto de 2026 19:42

Por Redacción 0223

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Con la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil prevista para septiembre, que reducirá de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad, la Justicia de Mar del Plata comenzó a prepararse para un cambio que, según sus protagonistas, representa tanto un desafío operativo como una oportunidad para modernizar el funcionamiento del fuero. En ese contexto, el fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, aseguró que la implementación de la ley permitirá revisar estructuras, aunque advirtió que sin mayores recursos y una política preventiva el impacto será limitado.

Walter Martínez Soto, fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata, aseguró que la implementación del nuevo régimen representa una oportunidad para fortalecer el funcionamiento de la Justicia especializada.

"Lo estamos viviendo con expectativa. Tenemos una oportunidad para poder impulsar lo que es el fuero penal juvenil", afirmó el fiscal en diálogo con Radio Extra 102.1. En ese sentido, recordó que la última transformación importante ocurrió en 2008 con la implementación de la Ley 13.634, cuando la investigación de los delitos pasó a estar en manos del Ministerio Público Fiscal.

"Hoy tenemos una oportunidad de actualizarnos en las instituciones y estamos tratando de que eso se lleve adelante, al menos desde el Ministerio Público Fiscal. Advertimos que hay movimiento en las distintas agencias y una actividad dentro del Poder Judicial para adecuarse a este nuevo escenario", señaló.

El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzará a aplicarse en septiembre y reducirá de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad en todo el país.

No obstante, también planteó algunas diferencias con el funcionamiento actual del sistema. "En el fuero penal juvenil no se puede hacer juicio por jurados, lo que atenta contra el sistema republicano y la participación ciudadana", consideró.

 

El impacto en el trabajo judicial

Martínez Soto relativizó que la baja de la edad de imputabilidad implique un aumento inmediato del trabajo investigativo de las fiscalías. "En lo que hace a la investigación, el índice no va a variar sustancialmente porque nosotros tomamos conocimiento de un delito y no desechamos una causa porque el sospechoso sea no punible. Investigamos igual, determinamos el autor, el hecho y la víctima", explicó.

Sin embargo, advirtió que las mayores dificultades aparecerán una vez que los nuevos casos comiencen a transitar las siguientes etapas del proceso penal. "El efecto sí se va a sentir cuando empiecen las cuestiones vinculadas al juicio, la ejecución de las sentencias o las distintas salidas alternativas al proceso penal, donde intervienen diferentes organismos. Hoy esos efectores no dan abasto", sostuvo.

La modificación legal genera rechazos en múltiples sectores políticos y sociales.

 

¿Qué pasa con los delitos menores?

Consultado sobre si la nueva legislación podría derivar en la judicialización de adolescentes de 14 años por hechos de escasa gravedad, Martínez Soto descartó ese escenario.

"La Convención sobre los Derechos del Niño nos marca límites de los que no podemos apartarnos. Resulta irrazonable, incluso desde una cuestión económica, que el Estado gaste más en preparar un expediente por la sustracción de un chocolate o una naranja de un comercio. Hay otros métodos de resolución de conflictos", explicó.

Finalmente, remarcó que cada intervención debe analizarse en función del contexto del caso y no únicamente del hecho aislado.

 

"El derecho penal llega cuando todo lo demás falló"

Para el fiscal, la discusión sobre la imputabilidad no puede desvincularse de la realidad social que atraviesan muchos adolescentes que delinquen. "Los jóvenes más complicados están atravesados por la droga y viven en barrios periféricos donde la asistencia del Estado no llega. Lo único que termina llegando como respuesta es el derecho penal, pero el derecho penal no está fabricado para resolver esos problemas", afirmó.

En esa línea, remarcó que el sistema penal debería intervenir únicamente como última instancia. "Si fallaron todas las otras oportunidades, recién ahí debería aplicarse el derecho penal. Pareciera que hoy hay una inversión de esa responsabilidad y eso es algo que tenemos que revisar", expresó.

Asimismo, destacó que las políticas de prevención e integración social requieren inversiones sostenidas y resultados de largo plazo. "La prevención y la integración social son fundamentales. Es una inversión costosa y cuyos resultados no se ven de inmediato. Se avanza dos pasos, se retrocede tres, pero es una construcción social. Hoy tenemos que construir una sociedad para el futuro", señaló.

 

"Lo que está fallando es la prevención"

Respecto de los delitos que habitualmente involucran a menores de edad, Martínez Soto indicó que predominan los robos, las lesiones y las amenazas, aunque consideró que el foco debe ponerse en evitar que esos hechos ocurran.

"No es un grupo gigante e incontrolable. La prevención, que corresponde a la Policía y también al Municipio a través de los controles de tránsito, es fundamental. Hay puntos estratégicos donde se reúnen, se organizan y programan delitos", indicó.

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