Advierten que los centros de alojamiento "no están preparados" para la baja de edad de imputabilidad

La reciente fuga de dos adolescentes del Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Mar del Plata volvió a cuestionar las condiciones en las que funcionan los dispositivos de alojamiento para jóvenes en conflicto con la ley penal. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) indicaron que los reclamos por la incorporación de personal y la mejora de la infraestructura llevan años sin respuestas.

María Elena Castro, la trabajadora de la Organización Provincial de Niñez y Adolescencia en contexto de encierro de Batán e integrante de la Comisión Directiva de ATE Mar del Plata, en diálogo con Extra FM 102.1 describió una situación muy compleja y advirtió que podría agravarse con la entrada en vigencia, el próximo 1° de septiembre, del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil.

Según explicó Castro, muchos dispositivos provinciales presentan un importante deterioro edilicio por falta de inversión: "Son edificios que tienen apenas 20 años, pero en todo ese tiempo prácticamente no se hicieron tareas de mantenimiento. Eso genera inconvenientes tanto para los chicos alojados como para quienes trabajamos allí".

Particularmente sobre el CEA, la directiva explicó que comparte edificio con otro dispositivo y que la distribución que se hizo fue completamente arbitraria, más nunca adaptada a las necesidades reales: "Es como dividir una casa en dos sin hacer las reformas necesarias. No hay espacios adecuados y eso dificulta muchísimo el trabajo cotidiano".

El trabajo de los operadores de Niñez

La dirigente sindical hizo hincapié en la tarea que desarrollan desde Niñez: "Nosotros no somos policías ni agentes penitenciarios. Trabajamos con la palabra, no con el cuerpo ni con el golpe. Estamos para contener y acompañar a adolescentes en conflicto con la ley penal".

Además, describió la multiplicidad de funciones que cumplen los trabajadores dentro de los centros: "Somos un poco psicólogos, enfermeros, alcanzamos la comida, la medicación. Es un trabajo muy amplio y con un enorme desgaste emocional". En esa línea, advirtió sobre los riesgos psicosociales que implica desempeñarse durante años en estos espacios.

"Trabajamos con historias muy duras, situaciones de estrés permanente y, sin embargo, no contamos con el acompañamiento psicológico necesario. Desde hace tiempo planteamos que nadie debería permanecer más de cinco o siete años en este tipo de tareas sin una rotación adecuada", remarcó Castro y sumó: "Muchos trabajadores tenemos 20 años de antigüedad y prácticamente no hubo nuevos ingresos. Eso también dificulta la tarea cotidiana".

La baja de edad de imputabilidad

La inminente implementación del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, que incorporará a adolescentes desde los 14 años, resulta una preocupación para el organismo. Castro indicó que el escenario actual ya es crítico y que no existen condiciones para absorber una demanda mayor.

"Hoy los centros están abarrotados con la cantidad de jóvenes que ya reciben. No están preparados para alojar más chicos y tampoco hay más personal", aseguró la trabajadora y contó que intentando anticiparse a esta situación, desde ATE solicitaron reuniones con las autoridades provinciales, pero que aún no obtuvieron respuestas.

"Queremos trabajar junto al Ejecutivo porque quienes conocemos la realidad cotidiana somos los trabajadores. Desde un escritorio se puede tener la mejor intención, pero si no se conoce el funcionamiento diario es muy difícil tomar decisiones efectivas", subrayó Castro y advirtió que, a días de la entrada en vigencia del nuevo régimen, no existen medidas concretas para preparar al sistema: "No hay planificación, no hay prevención y no sabemos qué va a pasar cuando comiencen a ingresar chicos de 14 años".

La directiva también mencionó que para ellos la baja de la edad de imputabilidad no constituye de ninguna manera una solución frente a la problemática de la inseguridad. El verdadero desafío, sostienen, pasa por fortalecer las políticas públicas destinadas a las infancias y las adolescencias antes de que los jóvenes lleguen al sistema penal: "La prevención está en los clubes de barrio, en las sociedades de fomento, en los espacios donde los chicos puedan hacer actividades. Hoy muchos de esos lugares desaparecieron".

También vinculó la problemática con las dificultades económicas de los hogares: "Muchas veces los chicos quedan solos porque sus padres tienen que trabajar todo el día para sostener la casa. Si no existen espacios de contención, terminan encontrando en la calle un lugar de pertenencia".

Para cerrar, cuestionó la escasez de políticas en materia de salud mental y consumos problemáticos: "En las instituciones se trabaja con equipos interdisciplinarios y se contiene a los chicos mientras están alojados, pero cuando vuelven a su realidad se encuentran con los mismos problemas que los llevaron hasta ahí".