Crecen las deudas en la ciudad y buscan una salida para quienes ya no pueden pagar
La morosidad de los créditos llegó al 18% en julio y encadenó 21 meses consecutivos de aumentos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La deuda de las familias sigue acumulando señales de deterioro. La morosidad de los créditos llegó al 18% en julio y encadenó 21 meses consecutivos de aumentos, de acuerdo con el último Monitor Mensual de Crédito a las Familias elaborado por Eco Go y la Universidad Austral.
El dato adquiere otra dimensión cuando se mira la cantidad de personas alcanzadas: el 26,6% de los titulares de crédito tiene algún nivel de mora, 8,3 puntos porcentuales más que un año atrás. En paralelo, el stock total de deuda de las familias llegó a $99,4 billones a valores de julio.
El problema es todavía más marcado fuera del sistema bancario tradicional. Los proveedores no financieros de crédito, entre ellos fintech y emisoras de tarjetas no bancarias, concentran una porción menor del mercado pero registran una morosidad del 31,3%, prácticamente el doble que la del sistema financiero tradicional.
El nuevo escenario se suma a una realidad que Mar del Plata ya viene mostrando desde hace meses. Los relevamientos difundidos recientemente permitieron dimensionar la cantidad de vecinos y familias que tienen deudas y encendieron las alarmas sobre el uso creciente de créditos, especialmente a través de billeteras virtuales.
Ahora, el dato que preocupa es qué sucede cuando esas deudas dejan de poder pagarse. Porque el problema ya no pasa solamente por cuánto se pide prestado, sino por la dificultad creciente para sostener las cuotas, refinanciar compromisos y evitar que los intereses hagan crecer todavía más el monto adeudado.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo bonaerense busca avanzar con una herramienta específica para las personas sobreendeudadas. En la Legislatura provincial se presentó un proyecto para crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores, con participación del organismo que conduce Guido Lorenzino.
La iniciativa propone establecer una instancia prejudicial obligatoria para que quienes no pueden afrontar sus deudas puedan negociar con sus acreedores antes de que el conflicto termine en la Justicia.
Qué propone la Defensoría
La idea es que la persona no tenga que resolver cada deuda de manera aislada. El proyecto plantea analizar su situación económica de manera integral para buscar una salida que contemple el conjunto de sus obligaciones y, al mismo tiempo, le permita conservar condiciones razonables para sostenerse y sostener a su familia.
“Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados, y poner la negociación en criterios de proporcionalidad y racionalidad frente a la mala fe de muchos acreedores”, sostuvo Guido Lorenzino.
El titular de la Defensoría también planteó que el objetivo es “ser justos para las dos partes”, con negociaciones que puedan desarrollarse de manera sencilla y práctica y dejando de lado “la hostilidad y el maltrato” que, según señaló, atraviesan muchas personas cuando intentan resolver sus deudas.
Por su parte, el diputado Facundo Tignanelli, impulsor de la iniciativa, sostuvo que el Estado debe intervenir para equilibrar la relación entre los consumidores y las empresas. “Buscamos que el Estado pueda igualar el poder que tienen las empresas, por eso pensamos en este mecanismo de negociación colectiva de las deudas”, afirmó.
El proyecto también establece obligaciones para los acreedores. La falta de respuesta, la negativa injustificada a brindar información, la presentación de datos falsos o las maniobras dilatorias serían consideradas incumplimientos dentro del proceso de negociación.
Además, se busca evitar que los intereses, gastos, comisiones y otros cargos hagan crecer las deudas de manera desproporcionada, prevenir prácticas abusivas y reducir la judicialización de los conflictos.
Si la iniciativa se convierte en ley, el asesoramiento de la Defensoría será gratuito y la instancia de negociación deberá realizarse antes de que el conflicto pueda avanzar por la vía judicial.
Con una morosidad que lleva 21 meses consecutivos en aumento y más de uno de cada cuatro titulares de crédito con algún nivel de atraso, el problema ya no parece estar solamente en cuánto se endeudan las familias, sino en cuántas pueden seguir pagando lo que deben.
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