"Lavado total": la Justicia Federal procesó a 28 personas

El avance de distintas tareas investigativas en el marco de la causa denominada “Lavado Total” le permitió al Juez Federal Santiago Inchausti procesar a 28 personas acusadas del delito de lavado de dinero, agravado por ser realizado con habitualidad y como miembros de una banda, algunos imputados también por participar de actividades de narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.

Según los datos de la resolución publicados en fiscales.gov.ar , además de los 284 vehículos incautados quedaron afectados a la investigación cinco inmuebles. Cómo se informó oportunamente, la pesquisa a cargo de fiscal Nicolás Czizik, comenzó como una derivación de la causa –que tuvo condena en juicio oral de Juan Manuel Mariscal- por el transporte de 153 kilos de cocaína.

La tarea investigativa está orientada a “constatar la existencia de conductas vinculadas a la ocultación de bienes adquiridos producto de las ganancias que dejaría actividades tales como el tráfico ilícito de estupefacientes, mediante maniobras de compra de inmuebles y compra, venta y transferencia de rodados, muchos de ellos de alta gama, dando a ellas una apariencia lícita cuando su origen sería espurio”.

En la resolución que tomó el viernes pasado, el juez Inchausti resolvió la situación procesal de treinta personas, 20 hombres y 10 mujeres: 14 fueron procesados con prisión preventiva, 14 sin prisión preventiva y sobre dos personas, un varón y una mujer, se dispuso la falta de mérito respecto al delito de "almacenamiento de estupefacientes", aunque fueron procesados sin prisión preventiva por tenencia ilegítima de un arma.

El magistrado distinguió entre aquellos bienes que pertenecían a los imputados que se encuentran fugados y con pedidos de captura; aquellos bienes pertenecientes a los imputados que se encuentra a derecho y que fueron procesados; y aquellos bienes cuyo origen aún no pudo determinarse o se ha solicitado su restitución.

Respecto a los bienes de las personas prófugas, ordenó el decomiso definitivo de un inmueble y 14 vehículos; mientras que determinó el decomiso preventivo, para el segundo de los supuestos, de los otros cuatro inmuebles y 27 vehículos más, todo ello en los términos del artículo 23 del Código Penal. Por su parte, los más de 200 vehículos restantes quedaron afectados a la investigación a los efectos de resolver los eventuales pedidos de restitución o disponer la aplicación de la ley 20.785, que regula los bienes objeto de secuestro en causas penales. Para esta tarea se analiza la documentación secuestrada y el origen de los bienes con los que se adquirieron esos vehículos.