Apelaron la excarcelación del dueño de La Moneta

Lo hizo el fiscal federal Pablo Larriera. En el recurso sostiene la necesidad de mantener la detención a fin de “evitar el entorpecimiento de la investigación”.

20 de Abril de 2015 19:35

Por Redacción 0223

PARA 0223

El fiscal federal Pablo Larriera presentó un recurso de apelación ante la excarcelación firmada días atrás por el juez Alejandro Castellanos, bajo caución real de 10 millones de pesos, de Francisco Pagano. El dueño de la casa de cambio La Moneta fue detenido el pasado 13 de abril por un pedido de captura internacional por el presunto delito de lavado de dinero.

Para el titular de la Fiscalía Federal 2, de la presentación preliminar de los sucesos se desprenden varios factores “claves” a la hora de evaluar el nivel de peligro procesal que produciría la excarcelación. “Entiendo que la solución propuesta por el Juez instructor con relación a la excarcelación de Pagano bajo caución real no puede prosperar”, comprendió Larriera.

En su recurso, Larriera sostuvo que la resolución conocida el pasado viernes “no sólo pone en vilo la futura concreción del traslado, sino asimismo puede constituirse en un concreto obstáculo para la consecución de las aprehensiones de los aludidos consortes de causa en los Estados Unidos”. De acuerdo a la traducción de la causa, se habla de padre e hijo Coppola como “cómplices”.

Para Larriera “no nos hallaríamos ante un mero actor de reparto en los hechos someramente descriptos por las autoridades requirentes, sino ante el propio creador de las corporaciones que las autoridades estadounidenses consideran con responsabilidad en torno a las figuras de criminalidad económica atribuidas”.

El acceso, disposición, comunicación, contacto, modificación sobre cualquiera de los múltiples y complejos componentes resultaría –para el fiscal-  decididamente grave y peligroso procesalmente. Para el representante del Ministerio Público Fiscal existe el riesgo que conduce a la “necesidad de mantener la detención dispuesta con la finalidad de garantizar el sometimiento al proceso y evitar el entorpecimiento de la investigación, en los términos de ‘peligro de fuga’, como ‘entorpecimiento de la investigación’”.