Procesan por trata laboral a un matrimonio y su hijo

El Juez Federal Santiago Inchausti procesó a un matrimonio y su hijo por el delito trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de víctimas, por la participación de tres personas y por el abuso de su situación de vulnerabilidad. La medida se tomó luego de las declaraciones testimoniales y de la inspección realizada por las autoridades en el lugar.

Aunque no dispuso la prisión preventiva de los imputados –identificados como Severino Villarrubia, Cresencia Sánchez Orosco y Erwin Villarrubia Sánchez- la Justicia ordenó el decomiso preventivo de los predios situados a la altura del kilómetro 7 de la ruta 226 y del camino “EL Chajá” y la registración de trabajadores y trabajadoras. 

Según dio cuenta el sitio fiscales.gob.ar , el magistrado señaló “el deterioro de las condiciones de vida” y “la extensión abusiva de las jornadas laborales, la falta de horas y días de descanso, retribuciones por debajo de los mínimos que rigen la actividad y con modalidades de pagos abusivas”. Cuestiones climáticas, el estado de las verduras o razones de salud generan que su salario sea incierto. La resolución judicial reparó en que las víctimas, a excepción de una trabajadora, son migrantes, y la gran mayoría tiene primario incompleto.

La causa se inició a través de una denuncia anónima de una persona que acudió a la sede de la Dirección Nacional de Migraciones y dio cuenta de lo que se vivía campo adentro, “cobrando un jornal ínfimo en virtud de las deducciones que el encargado le realiza en concepto de alimentos y servicios”.

Tras la investigación y las tareas de inteligencia desarrolladas por personal de la Prefectura Naval Argentina, el 14 de junio pasado se realizaron los allanamientos, y nueve días después, se hizo la inspección judicial: “El acta labrada en dicha oportunidad da cuenta de las condiciones precarias -habitacionales, servicios básicos y necesarios en lo cotidiano- en que habitan las personas y grupos familiares que allí trabajan y viven.

En su resolución, el juez ordenó dar continuidad a las medidas que garantizan una correcta materialización de los derechos de las víctimas, como asegurar la vivienda a trabajadores/as que se hallan en el predio allanado; y regularizar la situación laboral y salarial conforme a la ley vigente. Para ello, se dispuso el plazo de un mes, bajo apercibimiento de ser considerado un supuesto de entorpecimiento de la investigación y, en consecuencia, revocarse la excarcelación.

A su vez, resolvió un embargo sobre los bienes y/o dinero de los imputados hasta cubrir la suma de tres millones y medio de pesos; y dispuso el decomiso preventivo de los predios rurales allanados, como así también de todos los elementos de trabajo, "de acuerdo al artículo 23 apartado sexto del Código Penal, dado que allí fueron encontradas personas en situación de trata con fines de explotación laboral, sitio en el que además vivían en precarias condiciones, y se encontraban bajo la órbita de sus explotadores durante las 24 horas del día".