Exigen que se derogue la ordenanza que impide renovar el registro por multas de tránsito

Horas después de un nuevo fallo de la Justicia que declara inconstitucional que el municipio le impida a un vecino renovar su licencia de conducir por tener multas de tránsito impagas, desde el Concejo Deliberante solicitaron al Ejecutivo que derogue el artículo de la ordenanza que autoriza a realizar esta práctica que ya sufrió varios reveses en la Justicia.

Días atrás, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ratificó un fallo de primera instancia que hacía lugar al reclamo de un vecino quien argumentaba que no podía renovar el carnet de conducir por no tener plata para pagar las multas.

Si bien no es un fallo aislado y en toda la provincia se repitieron antecedentes de similares características, la legislación vigente mantiene la potestad de los municipios de no permitirle renovar el registro a un vecino que mantiene deudas. Ante esta situación, la concejal de 1País, Mercedes Morro, presentó un proyecto de ordenanza para que el Ejecutivo derogue el artículo de la ordenanza que impide otorgar el carnet de conductor a aquellos que tienen multas.

“Las multas pendientes de pago se convirtieron en el principal factor que impide a los contribuyentes renovar su licencia de conducir”, señaló Morro, quien remarcó que eso ocasionó “múltiples reclamos legales en innumerables ocasiones”.

En ese contexto, indicó que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires recomendó a las autoridades provinciales que insten a los municipios a “garantizar la obtención de la licencia de conducir de los ciudadanos que detenten multas impagas por infracciones de transito, siempre y cuando las mismas no cuenten con sentencia firme de autoridad competente”.

Según los antecedentes recogidos por la concejal, diversos fallos dejaron en evidencia que los municipios tienen otras herramientas para buscar el cobro de las multas, sin tener que impedirle a un contribuyente obtener su licencia de conducir. Además, en otra resolución, “quedó constatado en estas actuaciones que el accionar del Municipio además de ser ilegal, es de un carácter netamente recaudatorio, no tendiendo ningún preventivo ni educativo”.