Deliverys reclaman que se haga un relevamiento de los trabajadores que hay en el sector

Luego de que el titular del Juzgado de Feria Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires Roberto Gallardo prohibiera el viernes pasado la actividad de los repartidores que de Rappi, Glovo y Pedidos Ya, desde el sector confirmaron que apelarán la medida judicial.

En tanto, en Mar del Plata, la resolución generó alarma entre los deliverys, aunque la actividad se mantiene con normalidad. Cristian Grobas, secretario general del Sindicato de cadetes, motoristas y mensajeros (Sicamm), reconoció que el surgimiento de las aplicaciones permitió que se visibilizara la situación de precariedad de los trabajadores repartidores y mensajeros, que no tienen ningún tipo de cobertura ni prestación médica en caso de accidentes, por ejemplo. “Eso implica también la ausencia de derechos”, definió Grobas en declaraciones a 0223 Radio.  

Lejos de aumentar las oportunidades de empleo, para Grobas las app “destruyeron las posibilidades de  trabajo”. “Veníamos planteando la registración y la suma de derechos, pero con esto todo quedó atrás”, dijo, y explicó: “Si un comerciante tenía tres repartidores porque tenía determinada demanda de pedidos, ahora se desvincula de la gente y contrata alguna de estas aplicaciones”.

En ese contexto, el referente del Sicamm evaluó que este fallo, de alguna manera, “tiene que ver con contener la masa de trabajadores” pero advirtió que, en caso de sanciones, “el único que pierde es el trabajado” al que se le decomisa la comida y, en consecuencia, se quedan sin cobrar.

“El Estado debe hacer un relevamiento de la masa de trabajadores para actuar y que no sea desproporcionado. Lo que hacen estas app es contratar más trabajadores de la demanda que hay, y como ellos no pagan nada, terminamos todos peleando por monedas para ver quién llega a fin de mes, se genera una competencia desleal de la forma más cruda que se pueda ver”, resumió. 

A su vez, reparó en la necesidad de que se dé lugar a un debate con garantías, “sabiendo cuántos trabajadores dependen de esto y en base a esto, si hay una sanción, que las empresas garanticen los alimentos a esas familias”. 

Por último, Grobas evaluó que el fallo judicial “es muy claro” y coincidió en que “las app no vinieron a generar un trabajo con derechos y garantías”. “Ahora, la pregunta es si se quieren quedar o solamente vinieron a explotar el sector. Si se quieren quedar, discutamos qué derechos y garantías van a darles a esos trabajadores, pero ahí deben participar todos los espacios. Y si se expulsan las aplicaciones, qué alternativas hay para contener a los trabajadores que dependen de ellas”, sentenció.