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14 de Marzo de 2021 08:04

Desde la Justicia piden un cambio "urgente" en la ley de violencia familiar: "Lo reclamamos hace 10 años"

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La jueza marplatense, Clara Obligado, le pidió a diputados y senadores que trabajen para aggiornar la legislación y garantizar una "articulación conjunta de competencia originaria" entre la justicia civil y penal.

El flagelo de la violencia de género y los femicidios escala año a año en el país pero no parece haber legislaciones y políticas que se adelanten a esa problemática; por el contrario, hoy rigen las mismas normas que fueron sancionadas hace más de veinte años. Por eso, algunos actores de la Justicia de Mar del Plata insisten con la necesidad de que los diputados y senadores avancen con reformas estructurales "urgentes" para prevenir y, ante todo, evitar que haya más mujeres asesinadas y violentadas.

Los cuestionamientos surgen en torno a la Ley de Violencia Familiar 12.569, que se sancionó en la Provincia de Buenos Aires en el 2000, y que tuvo otras actualizaciones en algunos artículos en 2013 que quedaron plasmadas en la Ley 14.509. "Por lo menos, hace diez años que pedimos una reforma de esta ley. Pero no hay caso. Lamentablemente, la violencia de género y familiar se va devaluando con el correr de las noticias", aseguró Clara Alejandra Obligado, la titular del Juzgado de Familia Nº5 de la ciudad.

La magistrada insistió en que los cambios en la legislación vigente son "necesarios" al acusar escasas herramientas de intervención ante los incumplimientos en las restricciones de acercamiento que se imponen a los agresores con sus víctimas. "Yo, como jueza de familia, no tengo posibilidad de aplicar medidas coercitivas ni limitativas de libertad. No tengo la facultad de encarcelar a alguien. Ahí tiene que intervenir la justicia penal", explicó, en declaraciones a 0223.

"Con la ley que tenemos hoy, que solamente contempla la competencia civil, no hay facultades de aprehensión ni de detención o demora. Puedo dictar una medida de restricción de acercamiento y el agresor a los dos minutos puede ir a la casa de la violentada y romperle una ventana con una piedra. Eso, prácticamente, es dos pasos previos a que pueda atacarla físicamente o matarla", graficó, con preocupación, la jueza local.

Para Obligado, la nueva ley de violencia familiar tendría que plantear una "articulación conjunta de competencia originaria y coordinación de la justicia civil, otorgando medidas, y de la justicia penal en la ejecución de las medidas que el juez civil dictó previamente". "El aspecto civil da medidas protección pero a la hora de la ejecución tiene que haber normas que impliquen el actuar de primera mano de la justicia penal porque sino los invitan a participar cuando el juez de familia ya se está comunicando por un hecho de violencia que sucedió y no se pudo prevenir", fundamentó.

¿Qué es lo que puede hacer la Justicia de Familia contra un eventual agresor? Las herramientas son muy pocas, según lo que reconoció la funcionaria judicial: se lo puede convocar al juzgado y dar un apercibimiento con un llamado de atención u obligarlo a realizar tareas comunitarias. "Eso es algo que se puede hacer solo en el sistema americano. Ellos lo tienen aceitado; nosotros no. ¿Quién controla que el agresor pinte a la escuela? ¿Quién le da la pintura, las herramientas? ¿Y le sirve a las víctimas que su agresor esté haciendo eso? No: lo que les sirve es un acompañamiento fáctico, el reconocimiento de su situación", apuntó.

Como dato alentador, la jueza destacó que, a diferencia del resto de las jurisdicciones, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ya cuenta con un "buen sistema informático" de antecedentes penales para identificar o no denuncias o hechos similares previos que involucren a un violento. "Eso es muy importante porque el juez no solo tiene que contentarse con la denuncia sino que también debe recabar información de la red para ver si hay otros antecedentes", dijo, y añadió: "Todo eso me debe convencer y, como juez, a la denuncia penada de la víctima tengo que sumarle de oficio los otros antecedentes que existan para tomar una decisión".

Pero al mismo tiempo, la magistrada señaló como contracara la falta de recursos que dispone el sistema para garantizar un seguimiento de las personas denunciantes. "En el juzgado solo contamos con dos peritos psicólogos. Y no están solamente abogados al abordaje y el seguimiento de casos de violencia familiar, sino que también deben resolver procesos vinculados con la salud mental, divorcio de partes, adopciones, cuidados de personas, y hasta en las discusiones para fijar una cuota alimentaria", ejemplificó.

"Para poder cambiar un poco este contexto lo que se necesita es una reforma legislativa cuanto antes porque lo único que podemos hacer los fiscales y jueces es atenernos a la normativa que está vigente. Por eso pido a los legisladores que hoy están desde su casa trabajando con una dinámica virtual que prioricen el tratamiento de esta reforma", concluyó Obligado.