#niunamenos

2 de Junio de 2021 14:19

Con duras críticas a Montenegro, el Movimiento de Mujeres exige políticas públicas contra la violencia machista

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Foto: archivo 0223.

Desde el sector acusaron al gobierno municipal de confeccionar listas de espera en lugar de resolver los reclamos de fondo para combatir la violencia de género.

Este jueves 3 de junio, aunque resignificando las formas de manifestación, la consigna #NiUnaMenos se convertirá una vez más en un único grito unificado que se escuchará en cada punto del país. A seis años de la primera convocatoria masiva que conmocionó a toda la Argentina tras el femicidio de Chiara Páez, la pandemia no sólo es la sanitaria, sino también la derivada por el agravamiento de la violencia de género. 

La crisis por el Covid-19 no hizo más que profundizar las desigualdades existentes y esto queda a la luz con el número de femicidios, travesticios y transfemidicios cometidos durante el último año: hoy, cada 35 horas, en el país hay una nueva víctima de violencia de género.

En este marco, el Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata y Batán invita a participar de un acto virtual que se desarrollará por Zoom a las 19 y ratificó los reclamos que impulsan desde el sector para terminar de una vez con el flagelo de la violencia machista. 

En primer lugar, subrayaron la necesidad de avanzar de manera “urgente” en políticas públicas “con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género con presupuesto acorde a la gravedad de las vulneraciones de derechos a mujeres y disidencias a efectos de garantizar su asistencia integral, oportuna y efectiva a quienes hoy están en situación de violencia, y asimismo políticas públicas sostenidas en el tiempo para erradicar definitivamente la violencia patriarcal”. En ese sentido, apuntaron contra el gobierno de Guillermo Montenegro, al que acusaron de no atender las demandas del sector. “Sigue sin dar respuestas a las mujeres y disidencias en situación de violencia. Han implementado la política pública de la “lista de espera”, es decir, toda persona afectada por una situación de violencia deberá esperar, con el riesgo que ello conlleva y que puede ser la muerte. Lista de espera para recibir botón antipánico, para asistencia psicológica. Los retrasos en los pagos de las asignaciones económicas (becas de vulnerabilidad), la falta de patrocinio en las causas judiciales de violencia familiar, son una constante de esta gestión”, cuestionaron a través de un comunicado difundido en vísperas del #NiUnaMenos.

En la misma línea, lamentaron la falta de ejecución de partidas presupuestarias destinadas a la Dirección de Políticas de Género y que contemplaban, entre otras cosas, la construcción de un Hogar de Medio Camino. A su vez, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres aseguraron que, pese a las promesas, siguen sin concretarse los nombramientos de personal necesario para el funcionamiento del área que dirige Belén Berruti.

“En el largo plazo -siguieron- no hay nada. No solo incumplió con su “promesa” de jerarquizar el área a efectos de pensar una política pública con la necesaria transversalización de la perspectiva de género, sino que tampoco hay programas, proyectos y acciones (salvo alguna iniciativa aislada) por fuera de la atención a las personas en situación de violencia doméstica, las otras modalidades de violencia no son consideradas para ser atendidas, cuando sabemos que la violencia patriarcal resulta de un entramado de diferentes formas que se interrelacionan y tienen como consecuencia la vulneración del conjunto de los derechos humanos de mujeres y disidencias”. 

Asimismo, las representantes del Movimiento de Mujeres reconocieron que genera “alarma” que el flagelo de la violencia de género “no se encuentre dentro de las prioridades del gobierno”, a pesar de que el Estado “debe asumir su obligación  de promover y hacer efectivas las políticas públicas, con presupuesto acorde y necesario,  que prevengan y erradiquen la violencia de género, conforme obliga la ley 26485 y las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos”.

 Otros de los reclamos que promueven el sector son el pago efectivo y en término de las becas de vulnerabilidad a mujeres y disidencias en situación de violencia, acceso habitacional y laboral a víctimas de violencia de género y atención integral e interdisciplinaria las 24 horas garantizada por parte del municipio. 

El cumplimiento del cupo del 4% para personas con discapacidad y del cupo laboral travesti trans, así como la implementación inmediata de la Ley Micaela en la Comuna, son también parte de la agenda que promueve el sector, que aprovechó la oportunidad para ratificar su repudio a cualquier tipo de proyecto que apunte a criminalizar y estigmatizar a las personas en situación de prostitución.
Por otra parte, pidieron la “urgente” transformación del Poder Judicial, para que entendieron que resulta prioritario ir hacia una reforma judicial democrática y feminista. “Es necesario modificar las estructuras y el funcionamiento del poder judicial, hoy patriarcal, clasista, corporativo y hasta podemos decir vitalicio, debido a que nada ni nadie toca a quienes ejercen la Magistratura. Mientras esta estructura arcaica y conservadora no sea revisada profundamente el acceso a la justicia, la debida diligencia, la protección efectiva seguirán siendo letra muerta, y las personas en situación de violencia destinadas a la vulneración cotidiana de sus derechos y la muerte”, enfatizaron. 

En otro orden, pidieron la asignación de mayores recursos a las comisarías de las mujeres para garantizar atención adecuada y no revictimizante, que se garantice la atención especializada en todas las comisarías; el urgente nombramiento del cuerpo médico forense en Mar del Plata y que el Ministerio de Seguridad priorice las denuncias referidas a violencia de género.

Por último, el Movimiento de Mujeres y Diversidad de esta ciudad consideró que para erradicar definitivamente la violencia machista y dar respuesta inmediata a las víctimas también hace falta declarar la Emergencia Nacional en Violencia por motivos de género; lograr el reconocimiento social y económico de las Promotoras que garantizan las redes territoriales, asesoramientos y acompañamientos de manera permanente y cotidiana; y que se priorice la vacunación de las promotoras de salud y de género, debido a su labor militante de acompañamiento ante las situaciones de emergencia.

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