Murió al tocar una cerca electrificada: pena en suspenso y pago de 800 mil pesos

El dueño de un campo y el electricista que colocó una cerca electrificada que en abril de 2020 tocó un sujeto de 26 años que había ingresado sin permiso al lugar y que le provocó la muerte de manera instantánea fueron condenados por el delito de homicidio culposo a tres años de prisión en suspenso y deberán pagar 800 mil pesos a la familia de la víctima.

La resolución de la causa que tuvo a su cargo el fiscal Alejandro Pelegrinelli llegó tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado que las partes presentaron en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 y que resolvió el Juez Juan Manuel Sueyro.

Mauro Tolay Aguirre, como propietario, y Juan Carlos Peñaloza en su rol de electricista instalaron un cero eléctrico en el perímetro de la quinta ubicada en el camino vecinal “El Chajá” a unos tres mil metros de la ruta 226 con la intención de evitar que personas ingresaran y se apoderaran ilegítimamente de frutos que había en el campo.

Sin dudas en cuanto a las circunstancias en las que se produjo el deceso cuando Leiva intentó traspasar el cerco perimetral de la quinta Tolay ni que el cableado estaba conectado directamente al tendido de la Cooperativa Eléctrica Estación Camet, el magistrado aceptó la calificación propuesta de homicidio culposo. La misma fue ratificada por el abogado Carlos Alcorta –por la víctima- y Luz Alonso Proto y Matías Quiñones por Tola Aguirre y Peñaloza, respectivamente.

En la sentencia a la que tuvo acceso este medio se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y agravantes, aunque se valoró como atenuantes la ausencia de antecedentes penales y el consenso para el llegar a un acuerdo con una intervención activa de la particular damnificada.

El magistrado resolvió condenar como autores penalmente responsables del delito de homicidio culposo a Mauro Tolay Aguirre y Juan Carlos Peñaloza Ovando a tres años de prisión. La pena quedará en suspenso mientras fijen domicilio, no lo muden y se sometan al cuidado y control del Patronato de Liberados.

Ambos entregarán a la particular damnificada una suma total de 800 mil pesos en concepto de reparación de daño. En la sentencia se estableció la forma de pago en que cada uno hará entrega de su parte.