Zona Roja: fiscal federal contradice al juez López y falla a favor del Comité contra la Trata

El fiscal general ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Daniel Adler, emitió esta semana un dictamen a favor al director operativo del Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas, Gustavo Vera, al intervenir en la apelación contra la resolución del juez federal Alfredo López, quien había rechazado el amparo presentado en julio para que se decrete la inconstitucionalidad de la ordenanza que crea una “zona roja” en el sur de Mar del Plata, cerca de los cementerios.

“Quién más capacitado entonces para hacer efectiva la tutela de este grupo postergado, que el organismo que el Estado Nacional ha creado con conocimientos específicos en la materia y que con su accionar pretende prevenir este tipo de delitos, además de resguardar la intimidad de todos los integrantes del colectivo afectado”, consideró Adler.

Al concluir, el fiscal sostuvo que cuando se denuncian situaciones vinculadas a la tutela de derechos humanos no resulta acertado que el acceso a la Justicia se limite por formalismos extremos que constituyen un verdadero exceso ritual, lo que resultaría violatorio de los más elementales principios constitucionales y contrario a innumerables pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema.

El amparo había sido rechazado por López al entender que la dependencia de la Jefatura de Gabinete que conduce Vera no se encuentra legitimada para demandar en nombre del Estado nacional.  

El propio Vera se mostró sorprendido por la novedad del fallo de Adler, al tener en cuenta que ya pasaron casi cinco meses de la presentación de su amparo. "Se siguen discutiendo cuestiones procesales, mientras la ordenanza ya se encuentra afectando los derechos humanos de este colectivo social", advirtió.

La acción de amparo del hombre a cargo del Comité contra la Trata se interpone contra la ordenanza que dispone “regular la oferta y demanda de servicios sexuales" en la vía pública marplatense. La cuestionada ordenanza establece una zona predeterminada para que se ejerza la prostitución en la vía pública, la denominada “Zona Roja”, y permite la aplicación de multas e incluso la privación de la libertad a quienes no cumplan con la delimitación.

Para Vera, la ordenanza municipal es contraria a derecho y "afecta a los derechos humanos más fundamentales que se encuentran amparados por convenciones internacionales, muchas de las cuales detentan rango constitucional".

Además, sostiene que "un Municipio no puede echar por tierra todos los tratados internacionales, las leyes nacionales y la política de Estado para combatir la trata de personas en sus diferentes modalidades, persiguiendo y castigando a uno de los grupos sociales más vulnerables, que la mayoría de las veces terminan siendo víctimas de explotación por terceros".

"Espero que la Justicia Federal de Mar del Plata haga lugar a la cautelar peticionada a la mayor brevedad posible, y decrete la inconstitucionalidad de una ordenansza solo atrasa a los argentinos en el camino de la defensa de los derechos humanos", insistió.