El ambicioso plan estatal que busca cambiar el futuro de Quequén

La diputada provincial Natalia Sánchez Jáuregui, al frente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley para crear una sociedad del estado a fin de explotar comercialmente el elevador de granos del puerto de la localidad de Quequén.

Sánchez Jáuregui planteó que la idea surgió a partir de “escuchar e interpretar las necesidades de la comunidad de Quequén, sobre la falta de respuestas en salud, el estado de las calles, el deterioro por la entrada y salida de los camiones al puerto”.

El reparto de ganancias desde el puerto de Quequén

La intención de la legisladora es que los beneficios económicos que se obtengan de la sociedad “impacten de lleno en los habitantes de la región” y en ese sentido especificó los alcances proyectados.

Un 25% de las ganancias se destinarán al hospital municipal José Irurzum de Quequén, otro 25% al hospital municipal Emilio Ferreyra de Necochea, un 25% para nuevas inversiones a los fines de mejorar la productividad del elevador y el restante 25% para la reparación de las vías terrestres de acceso a Quequén y Necochea, continuamente afectadas por el paso de los camiones en su tránsito hacia el elevador.

“Pensando en los beneficios para la gente, generamos este proyecto para que las ideas se conviertan en acciones”, expresó la legisladora, quien planteó que la sociedad debería llevar el nombre de “Elevador Quequén S.A.”.

El elevador de granos perteneció a la ex Junta Nacional de Granos en su actividad de descarga de camiones y vagones para la carga de buques en sus muelles de atraque.

“Esto se enmarca en una planificación a largo plazo, teniendo como referencia la zona de influencia del puerto y la producción del sudeste de la provincia”, agregó Sánchez Jáuregui.

“Es hora de que la política empiece a discutir los grandes temas que tienen importancia estratégica para el país, como son los puertos, el canal de Magdalena, entre otros”, sumó la legisladora.

Con relación a la duración, se establece en 99 años, contados desde la fecha de su inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, mientras que la composición accionaria será un 100% del Estado Provincia.