EnduroPale: Arquitectos se suman a la polémica y piden que muestren estudios ambientales

El inicio de los trabajos con maquinarias pesadas sobre las playas de La Perla y de la zona norte para la realización del EnduroPale 2022 durante el último fin de semana de vacaciones de invierno, organizaciones de ambientalistas se manifestaron en alerta por los posibles daños que el evento deportivo pueda llegar a generar. Ante los cuestionamientos, el titular del Ente Municipal de Turismo, Bernardo Martín, salió a aclarar que todo volverá a su estado habitual una vez concluido el Enduro y desestimó que provoque efectos negativos sobre ese sector de playa.   

Sin embargo, en las últimas horas el Colegio de Arquitectos se sumó a la polémica: no sólo denunció un “mal uso del espacio público”, sino que además pidió que el gobierno municipal dé a conocer informes de las habilitaciones y estudios ambientales previo a la realización del EnduroPale.

Desde la mesa directiva de la entidad señalaron que después de varias ediciones del EnduroPale en Necochea, que incluyeron la participación de centenares de motos y cuatriciclos que recorrieron un extenso circuito, el municipio de esa localidad balnearia decidió no realizar más esta carrera “por el impacto producido en sus playas”; incluso, tratándose de “un frente costero totalmente distinto al marplatense. 

Pese a esto, indicaron desde el colegio de profesionales locales, “la municipalidad del Partido de General Pueyrredon aceptó la propuesta de ser la nueva sede y decidió sin pasar por el Honorable Concejo Deliberante hacerlo en playas del norte de Mar del Plata, en las parcelas públicas de La Perla y Constitución, un sector frágil, con poca arena y muy sometido a la constante erosión”. “Esta fracción ya fue eje de nuestros reclamos por estar signado por el abandono de infraestructura desde hace años y donde ahora ve irrumpir un acontecimiento de alto impacto ambiental, que no cuenta con los estudios previos para medir ese impacto y con un impresionante movimiento de arena para la construcción de un circuito de más de 5 kilómetros de ida y vuelta, con rampas y máquinas circulando, que obstaculizan el uso de la playa por 15 días en plenas vacaciones de invierno”, argumentaron.

“Es nuestra preocupación una vez más, el mal uso del espacio público para actividades que reportan recursos escasos o nulos, con un impacto en lo ambiental, auditivo, y con circulación de vehículos motorizados en la arena, actividad prohibida por ley. Se suma a esto la construcción de un parque cerrado, zona de boxes y manipulación de combustibles y aceites en sectores de playa con los inherentes riesgos de contaminación”, mencionaron.

Además, en base a las observaciones que hicieron sobre los primeros trabajos de trazado de pista que comenzaron en los últimos días, evaluaron que “el movimiento de arena que tiene una superficie estimada en 230.000 metros cuadrados afecta la dinámica natural de la misma y destruye los pocos sectores de naturaleza con especies autóctonas, que se habían recuperado sobre accesos a playas y en sectores de barranca”.

“Sería mucho mejor estudiar áreas donde no ocurran estos inconvenientes o sus impactos puedan ser fácilmente mitigables. También creemos que se deberían haber dado los pasos legales correspondientes, tales como la autorización del Concejo Deliberante y no solo por el Emder y Emtur, y cumplimentar lo que la legislación pide referido al estudio de impacto ambiental previo a la actividad”, enfatizaron a través de un comunicado..

Asimismo, hicieron hincapié en que un evento de esta naturaleza en el espacio público de playas requiere la Evaluación de Impacto Ambiental -tal como lo establece la ley 11.723 de protección del ambiente y los recursos naturales-, y que se garantice el acceso a la información pública sobre este estudio, medidas de mitigación, informe de daño sonoro, declaración de licencia ambiental y seguro de daño ambiental, entre otros puntos. “Estas presentaciones deben realizarse ante el Ministerio de Ambiente Provincial”, explicaron.

En consecuencia, desde el Colegio de Arquitectos de Mar del Plata, amparados en el acuerdo de Escazú, pidieron que se publiquen los informes de las habilitaciones y estudios con los que debe contar un evento de esta magnitud. “Es el Municipio ejerciendo su poder de policía, quien debe cumplir la tutela en materia ambiental y ejercer la responsabilidad de velar por la integridad física de las personas”, sentenciaron.

“No nos oponemos a estos mega espectáculos deportivos que activan el turismo y la llegada de público especialista, simplemente creemos que tanto el lugar elegido como el proceso administrativo son inadecuados”, aclararon. Y concluyeron: “Se llega a esta instancia, en primer lugar, porque seguimos entendiendo a nuestras arenas como un recurso turístico y no como lo que es: nuestro principal espacio público. Recurso turístico que genera muy pocos o nulos beneficios económicos a la sociedad en su conjunto. Pero también damos por bueno como sociedad, la implementación de todo tipo de artificios en nuestros espacios más emblemáticos, produciendo daños ambientales y paisajísticos”.