La Justicia Federal ordenó actualizar los salarios de los docentes universitarios y las becas estudiantiles

La Justicia Federal otorgó una medida cautelar que ordena el cumplimiento de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que establecen la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, así como del monto de las becas estudiantiles.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a partir de una presentación realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el marco de un proceso colectivo iniciado a fines de octubre de 2025.

Después de la sanción de la ley, el Ejecutivo había suspendido su aplicación mediante el Decreto 795/2025, al sostener que la norma no preveía de manera expresa las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.

Frente a esa situación, el CIN solicitó la declaración de inconstitucionalidad del decreto y el cumplimiento inmediato de la ley, con especial énfasis en los artículos que disponen la actualización salarial y de las becas conforme al índice inflacionario.

En su planteo, el organismo advirtió sobre una afectación colectiva y urgente, señalando que el incumplimiento deterioraba el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios, comprometía el funcionamiento del sistema y lesionaba derechos constitucionales vinculados a la educación superior y a la autonomía universitaria.

En su resolución, el juez Martín Cormick dispuso “admitir la cautelar solicitada por la actora, declarando inaplicable a su respecto lo dispuesto en el decreto 795/2023”, en particular el tramo que suspendía la ejecución de la Ley 27.795 hasta tanto el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas correspondientes al presupuesto nacional.

El magistrado consideró que en el caso “se encontraría conformado un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, al entender que la lesión de los derechos y garantías invocados surge de manera clara e inequívoca del accionar de la autoridad pública, sin necesidad de un análisis exhaustivo de los hechos.

"No bajaremos los brazos hasta que el Gobierno nacional pague lo que nos debe a los trabajadores de las universidades nacionales", sostuvo el secretario general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum), Abigail Araujo.