La Afip denunció a Susana Giménez por evasión fiscal

La Afip denunció penalmente a Susana Giménez luego de acusarla por presunta evasión de impuestos durante 2019. El organismo estatal señaló que la diva tuvo omisiones en su declaración jurada de Bienes Personales y ahora le reclama una suma de 50 millones de pesos.

La diva, en tanto, rechazó las acusaciones de la Afip y aseguró que no hizo "ninguna declaración engañosa ni ocultación maliciosa, ni mucho menos defraudó al Fisco". Por el contrario, interpretó que el impuesto es "confiscatorio".

Según informó Infobae, el contador y abogado de Giménez ratificó su postura: "Acá no hubo ningún engaño. Se trata de la judicialización de un impuesto que es confiscatorio y que afecta el derecho de propiedad protegido por la Constitución Nacional. Desde nuestro punto de vista no existe delito, no existe dolo. Pero además la Corte Suprema ya tiene dicho que cuando un impuesto es confiscatorio, afecta el derecho de propiedad. Y eso es lo que ocurrió en este caso”, dijo el profesional.

A su vez, aseguró que Susana está al tanto de la situación legal y sigue atenta junto a sus representantes de la situación judicial.

No es la primera vez que la conductora de televisión tiene un conflicto con la AFIP. En abril, Susana Giménez rechazó la acusación del organismo estatal y ofreció pericia contable. También cuestionó las modificaciones introducidas por la Ley Nº 27.541, reglamentada por el Decreto Nº 99/2019, que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Según la diva y sus asesores, el incremento de la tasa del impuesto sobre los bienes personales significa una absorción de la totalidad de las utilidades generadas al 31 de diciembre de 2019. “Susana debería desprenderse de una parte de los ahorros de toda su vida capital para poder afrontar el pago del gravamen”, señalaron sus asesores a Infobae, aclarando que su clienta debería desprenderse de bienes por más de 22 millones de pesos.

Afip rechazó la postura del equipo legal de Giménez y avanzó con la denuncia penal, remarcando que “el Régimen Penal Tributario establecido en el artículo 279 de la Ley 27.430 prevé en su artículo 1º la pena privativa de libertad para aquellos sujetos que evadan fraudulentamente el pago de los tributos nacionales, siempre que el monto evadido exceda la suma de un millón quinientos mil pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual”. La pena podría ir desde los tres años y medio a nueve de prisión.