Denuncian el cierre de oficinas de Arca (exAfip) que podrían complicar a Mar de Plata
Desde el gremio Aefip advirtieron que con esta medida "la gente deja de facturar y se pierden los controles". Además, temen despidos.
Por Redacción 0223
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Desde el gremio Aefip que nuclea a trabajadores de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (Arca, exAfip) denunciaron esta semana la decisión del Gobierno nacional de cerrar oficinas en toda la provincia de Buenos Aires, lo que afectaría a 18 distritos y generaría el despido de casi 700 empleados.
"Estamos en una situación de achique del organismo con reestructuraciones que implican pérdida de funciones. La nueva disposición elimina 38 oficinas en todo el país, en lugares que hay una única sede, con lo que eso implica", explicó la secretaria general de Aefip Seccional Mar del Plata, Stella Maris Elías, a Extra (102.1).
El caso de las receptorías de Miramar, de Mar de Tuyú, Ayacucho, Azul, Pinamar y Balcarce, genera un impacto directo en toda la región, incluyendo a la ciudad.
"Los funcionarios justifican que la mayor parte de los trámites se realizan de forma remota pero sabemos que no es así porque no todo el mundo está asesorado, tiene un contador o sabe presentar un expediente en forma digital. Quien va a las oficinas es aquel que necesita una clave fiscal, un asesoramiento para una jubilación o un cambio de obra social. Esa persona se va a quedar sin servicio en estas localidades", manifestó la referente.
Además, advirtió que la medida implica un retroceso en materia impositiva: "En una ciudad donde no tenés una oficina de Arca, la gente deja de facturar porque sabe que no va a tener controles, se pierde la presencia, y se diluye el servicio al contribuyente".
Reasignación de localidades
El personal que es desplazado de dichas ciudades debe ser absorbido por las oficinas de otras, lo que también implica un cimbronazo para Mar del Plata.
"Lo deciden sin tener en cuenta que uno ya tiene organizada la vida personal, familiar y escolar. Es una medida totalmente introspectiva, sin que tuviéramos conocimiento ni las jefaturas locales ni los sindicatos que estamos a cargo, que complica a unas 700 familias", graficó Elías.
Por su parte, recordó que muchos de esos edificios pertenecen a la entidad, por lo que no implican ningún tipo de erogación extra.
"Estas medidas son caprichosas. Si el organismo no recauda, el país tampoco lo hace. Es un cambio cosmético de nombre, pero los impuestos para los ciudadanos siguen siendo los mismos. Todos nuestros trabajadores son contadores o abogados, muchos con 30 años de experiencia, que sabemos cómo mejorar el organismo pero nadie nos consultó", sentenció.
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