Anulan el sobreseimiento de dos acusados por "explotar" a una familia boliviana en Mar del Plata

La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el sobreseimiento dictado en agosto y ordenó llevar a juicio oral y público a Luis Ramírez y María del Carmen Varacallide por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de una familia vulnerable de Mar del Plata.

Los imputados habían sido sobreséidos el 8 de agosto, por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, pero en los últimos días los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Rafael Riggi, decidieron dar lugar al recurso de casación interpuesto por la Defensora Pública de Víctimas Inés Jaureguiberry y anularon el veredicto.

Según los hechos investigados, a los acusados, propietarios de una quinta que ellos mismos explotaban en Mar del Plata, se les imputo “el haber captado y acogido con fines de explotación laboral a dos adultos y un menor en situación de vulnerabilidad, oriundos de Bolivia.

Llegada la instancia del debate, el Fiscal General ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata retiró la acusación por concluir que no se configuraba ninguna conducta delictiva —encuadrable en alguna disposición legal— y, de ese modo, se dictó el sobreseimiento de los imputados por el “principio de ausencia de contradictorio derivado del debido proceso legal”.

“La posibilidad de finalizar el proceso por sobreseimiento en la etapa plenaria —de debate— se encuentra supeditada a la verificación de que existan nuevas acreditaciones incorporadas con posterioridad al requerimiento de elevación a juicio que impongan concluir acerca de la innecesariedad de la celebración del debate, circunstancias (...) que no se verificaron en la especie”, planteó Borinsky, en su voto.

Así, el juez sostuvo que "el temperamento desvinculante como modo anormal de culminación del proceso mediante la resolución impugnada resulta prematuro". “El dictado del sobreseimiento por atipicidad no se encuentra previsto en las hipótesis contempladas taxativamente por el artículo 361 del CPPN”, coincidió Riggi, por su parte.

Con estos argumentos, los magistrados de Casación dejaron sin efecto la sentencia del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y se ordenó que, previa sustanciación, se lleve adelante el debate en juicio oral y público contra Ramírez y Varacallide.

Al hacerse eco de la sentencia, este jueves el Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas, que depende de Jefatura de Gabinete, tildó de "afortunado" el fallo y reivindicó el acompañamiento jurídico que se le brindó a las presuntas víctimas rescatadas a lo largo del proceso.

"Gracias a estas acciones, y al actuar de la Defensora Pública, Dra. Inés Jaureguiberry, las víctimas presuntamente explotadas tuvieron acompañamiento jurídico, brindándoles de ese modo la oportunidad de discutir tan arbitraria decisión jurídica ante la Cámara Federal de Casación Penal, evitando también así su revictimización", se destacó, desde el Gobierno nacional.

El Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas fue creado por la ley 26842 en un claro compromiso del Estado Nacional por llevar adelante una política pública tendiente a combatir y perseguir este aberrante delito y asistir y proteger a las víctimas.

Entre sus principales funciones se encuentran -además de coordinar el diseño y la planificación de la política pública en materia de prevención, persecución y asistencia a las personas damnificadas- la de prever e impedir cualquier forma de revictimización de las víctimas y sus familias y asegurar el respeto y el ejercicio pleno de sus derechos y garantías de forma integral y gratuita.