La vieja venta de un campo de 200 hectáreas abre un proceso judicial en Lavalle

A través de un escrito desde la municipalidad de General Lavalle se presentaron diversas pruebas de una acción que tomó la gestión que gobernaba la comuna hace 20 años para ceder un campo de 200 hectáreas con frente a la ruta 11 a la altura de la localidad costera de Lucila del Mar.

Dicha propiedad se encontraba afectada directamente a los servicios públicos municipales, tal y como figura en los antecedentes del registro de la propiedad. En marzo del año 2003, mediante la ordenanza 919 se autorizó al Ejecutivo a entregar la misma en parte de pago, a cambio de una obra de cloacas a realizarse posteriormente.

“Lo sospechoso es que no había todavía ni siquiera un llamado a licitación a esa obra por lo que se entiende que se estaba beneficiando a un privado por algo que no había ocurrido hasta el momento”, recalcaron desde la comuna lavallense entre la primera de las irregularidades detectadas.

Las sospechas en Lavalle por la venta de hace dos décadas

Recién para mayo de ese 2003 se procedió a licitar la citada obra y la misma resultó adjudicada a la firma Madaki S.A.

Desde la gestión a cargo del intendente José Rodríguez Ponte pusieron el foco en que esa misma sociedad es la propietaria del predio donde funciona el basural a cielo abierto en Pavón y la que alquilaba las máquinas para la municipalidad de General Lavalle.

En febrero del 2011, finalmente se escrituró el bien municipal a favor de la firma por el valor de $400.000, una suma que a la fecha equivale a $3.329.241.

“Las municipalidades tienen prohibida la venta en forma directa de los bienes, con escasas excepciones. No siendo esa venta una de esas escasas excepciones”, describieron al respecto desde la comuna de Lavalle.

Según advierten desde el gobierno local, “esa operación fue efectuada bajo la modalidad dación en pago, es decir, en vez de entregar el dinero, dar un bien”. “Es otro hecho irregular, pues la dación en pago exclusivamente está autorizada sobre bienes muebles y no sobre inmuebles”, agregaron desde el Ejecutivo.

Por último desde la gestión de Rodríguez Ponte repararon que el valor en la zona de una hectárea ronda un mínimo de 3.000 dólares calculado al precio estimado que se correspondía con el año 2003. “Al evaluar la operación se desprende la entrega de las 200 hectáreas a un valor total de 127.000 dólares cuando el precio real trepa a cerca de 1.000.000 de dólares”, analizaron en ese sentido.

En consecuencia de lo expuesto, la comuna de Lavalle procedió a elevar una denuncia al Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires y a intimar a la firma vía cartas documento para informar sobre una posible acción penal.