Denuncias a Milei: por el DNU y dichos acerca de sobornos a legisladores

La primera denuncia la presentó el abogado Leonardo Martínez Herrero en relación a declaraciones del presidente Milei vinculadas a supuesto cobro de sobornos por parte de legisladores que deben dar trámite al DNU de desregulación económica, informaron fuentes judiciales. La presentación quedó radicada en el juzgado federal 6 que está vacante y subroga el juez federal Ariel Lijo.

La segunda, el abogado Daniel Valmaggia, quien incluyó además al ministro de Economía Luis Caputo, al asesor presidencial Federico Sturzenegger; al secretario de Energía Eduardo Chirillo al de Legal y Técnica de Javier Herrera Bravo, al ministro de Salud Mario Russo y a la canciller Diana Mondino, según la presentación que resultó sorteada en el juzgado federal 3 a cargo del juez Daniel Rafecas.

Martínez Herrero, autor de la primera denuncia, pidió al magistrado que en principio cite a Milei a declarar como testigo bajo juramento de verdad para que aporte todo lo que sepa respecto a ese delito al que aludió en una entrevista periodística y en base a ello se abra una investigación. También, de no aportarse nada a la causa en ese sentido, "se inicie la investigación contra el Sr. Presidente por los posibles delitos de incumplimiento de funcionario públicos tras no haber efectuado la denuncia correspondiente o el de encubrimiento".

"Solicito se cite a prestar declaración en los términos de ley al Sr. Presidente de la Republica Javier Gerardo Milei obre sus dichos que dan origen a estos actuados, caso contrario se dirija la presente contra el mismo por incumplimiento de los deberes de funcionario público", pidió. El letrado advirtió que lo dicho por Milei "conlleva una gravedad institucional de dos poderes del Estado" y por eso se lo debe convocar "para que dé precisiones sobre a qué diputados y senadores se refiere”.

En la segunda denuncia, el abogado Valmaggia aludió a los posibles delitos de "traición a la Patria", "abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público", "administración fraudulenta", "cohecho y tráfico de influencias" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

El decreto "crea un desequilibro macro y micro económico en la población, generando inmensas transferencias de recursos económicos desde la población, ciudadanía, trabajadores y consumidores, hacia los grupos concentrados y monopólicos productores de bienes y que prestan servicios", argumentó. Mientras que en relación al delito de Traición a la Patria, denunció que "surge con total claridad que el hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad es el DNU 70/2023".