El Gobierno llama a la UTN para diseñar un plan que revierta la "crisis edilicia" de la cárcel de Batán

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires firmó un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para elaborar el plan de puesta en valor que exige la Justicia de Mar del Plata frente a los graves problemas de infraestructura que fueron relevados en los últimos meses en la Unidad Penal Nº15 de Batán.

Las autoridades provinciales formalizaron el acuerdo el 13 de abril. La novedad la dio a conocer Dina Rossi, la directora del área de Política y Gestión Penitenciaria, al participar de la audiencia que se desarrolló días atrás en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de Mar del Plata, en el marco del habeas corpus correctivo que se tramita desde septiembre por el crítico estado de la cárcel.

El ministerio bonaerense firmó el convenio con directivos de UTN La Plata, que trabajarán en coordinación con la sede que tiene la misma casa de estudios en Mar del Plata, para poder elaborar un plan de obras integral que permita plasmar los trabajos de corto, mediano y largo plazo que son necesarios ejecutar para revertir la "crisis edilicia" que arrastra el complejo penitenciario de Batán desde hace décadas.

La fecha de la rúbrica del acuerdo expone una demora sensiblemente importante en las gestiones, de acuerdo a las expectativas judiciales. Hay que tener en cuenta que, en una primera instancia, se había intimado a la gestión de Axel Kicillof a presentar un plan de obras para el 3 de octubre del año pasado, algo que nunca ocurrió. En este tiempo, la Provincia llevó adelante diferentes tareas paliativas pero que no lograron enmendar los problemas prioritarios y más urgentes, según el criterio de peritos de la Suprema Corte de Justicia que inspeccionaron la cárcel recientemente.

La jueza Mariana Irianni también puso de manifiesto esa preocupación, al sostener que actualmente "persisten las condiciones inadecuadas frente al riesgo eléctrico, al sofocamiento a causa de incendio, a la evacuación de reclusos en caso de ser necesario y al colapso del sector talleres”. De hecho, el viernes pasado resolvió clausurar el sector de talleres para proteger “la vida e integridad física de los detenidos y de los agentes penitenciarios”.

El cierre se sumó a la restricción que rige desde el 2 de septiembre, cuando la magistrada marplatense firmó una resolución para restringir la posibilidad que otras jurisdicciones de la zona – con excepción de Necochea – envíen sus detenidos, ya sea por condena o por procesamientos de causas en trámite, a Batán.

A la espera de los resultados que arroje el trabajo conjunto entre la UTN y el Ministerio de Justicia, la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 estableció que habrá tiempo hasta el 1 de julio para presentar el plan integral de puesta en valor de la Unidad Penal Nº15 “junto al cronograma de obras y las diversas posibilidades de implementación en orden a los proyectos que se consideren asequibles instrumentar” en Batán. Y también intimó a las autoridades bonaerenses a que remitan en el transcurso de las próximas dos semanas el convenio firmado para conocer los alcances del acuerdo.

Entre los proyectos que tiene pendiente de ejecución el Gobierno, se destaca la construcción de un “pabellón colectivo” que podría sumarle 200 cupos de alojamiento a la cárcel de Batán. Sin embargo, la obra permanece paralizada desde junio por problemas de contratación y las actuaciones por las que tramita la rescisión del contrato todavía están a la espera de un dictamen de Fiscalía de Estado. Hasta mediados del año pasado, se acusaba un avance del 30,75%, correspondiendo lo ejecutado a tareas preliminares, movimientos de suelo y planteas de fundación.